Cárceles deben mutar a ser centros de aprendizaje y trabajo productivo

El Estado Colombiano no puede darse el lujo de perder más el ya de  por sí deteriorado control de sus cárceles y después sorprenderse cuando el delito conserva allí sus oficinas, sus jerarquías y sus privilegios.

El anuncio presidencial sobre un régimen penitenciario más severo plantea una discusión que Colombia aplazó durante demasiado tiempo. La cárcel debe dejar de ser un territorio ambiguo y recuperar su condición elemental de institución sometida a la autoridad.

Endurecer la custodia de los condenados por delitos de alta peligrosidad resulta coherente con la obligación estatal de proteger a la sociedad. Los traslados a pabellones de máxima seguridad, el control estricto de las comunicaciones y la incautación de armas o material ilícito apuntan a una premisa indispensable, nadie puede dirigir estructuras criminales desde un establecimiento bajo custodia oficial.

La prisión pierde sentido cuando sus muros protegen al delincuente del exterior, pero no impiden que el delito continúe desde adentro. Sin embargo, castigo y autoridad no bastan.

Una política penitenciaria seria debe exigir disciplina, pero también construir capacidades para que la condena tenga un propósito más allá del encierro y los prisioneros, hombres o mujeres, tengan una real oportunidad de resocializarse.

Educación básica, formación técnica, carreras universitarias y trabajo digno pueden convertir el tiempo de prisión en una etapa de responsabilidad y productividad. La resocialización no puede permanecer como una palabra repetida en leyes y discursos. Debe medirse en programas, resultados certeros y oportunidades.

Por eso resulta inevitable revisar a fondo el sistema que administra las prisiones. Las denuncias y los casos de soborno mencionados en el debate público han golpeado de forma inconstruible la credibilidad de los funcionarios penitenciarios del INPEC.

La respuesta no puede consistir únicamente en cambiar nombres u oficinas. Se necesita una estructura capaz de prevenir la corrupción, detectar redes internas, castigar las complicidades y someter cada establecimiento a controles verificables.

Ningún empleado corrupto puede tener la capacidad de convertir una celda en despacho, un pabellón en centro de mando o una excepción en privilegio. También conviene evitar un error frecuente. La firmeza institucional no debe confundirse con arbitrariedad.

El Estado tiene derecho a imponer la pena y el deber de ejecutarla bajo reglas claras, vigilancia permanente y respeto por los derechos que la ley no haya suspendido. Ese cambio exige recursos, indicadores y transparencia, porque la seguridad no termina con una captura ni comienza con un traslado.

Las cárceles deben recuperar autoridad, disciplina y propósito. De lo contrario, la reciedumbre en disciplina interna será una consigna, sin capacidad para transformar problemas. Colombia necesita cárceles seguras, pero también útiles para la sociedad.

Necesita autoridad sin rendijas para escabullir responsabilidades y una administración penitenciaria confiable. El verdadero éxito no estará en la dureza de los anuncios presidenciales, sino en lograr que ningún criminal conserve poder tras las rejas y que cada condena produzca una consecuencia real, controlada y orientada a la no reincidencia.