Carta anónima vincula a un Gobernador con el asesinato de Miguel Uribe Turbay
Una carta anónima señala que el asesinato de Miguel Uribe Turbay habría sido acordado en Ecuador y financiado por un gobernador, mientras avanzan medidas de seguridad para candidatos.
Una carta anónima señala que el asesinato de Miguel Uribe Turbay habría sido acordado en Ecuador y financiado por un gobernador, mientras avanzan medidas de seguridad para candidatos.
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El documento enviado de forma clandestina y escrito a mano fue difundido por Álvaro Uribe Vélez.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió una carta anónima con supuesta información sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según confirmaron fuentes del Centro Democrático.
El documento, que fue entregado en los últimos días, sugiere que el asesinato del precandidato presidencial habría sido acordado en Ecuador y que estaría financiado por un Gobernador, y posiblemente un Alcalde, cuyas identidades no fueron reveladas.
La alerta contenida en el escrito también hace referencia a posibles vínculos entre este político y grupos armados ilegales. El informante anónimo, que afirmó compartir datos en poder suyo se dirigió directamente a Uribe Vélez, agradeciéndole y deseándole protección. “Hoy pongo en sus manos esta información de manera anónima, la que el exalcalde y yo tenemos. De antemano, muchas gracias. Dios y la patria lo protejan siempre”, dice en un aparte del manuscrito.
URGENTE
— Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) April 29, 2026
Un documento anónimo entregado a Álvaro Uribe acusa directamente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de haber planeado y financiado el atentado contra Miguel Uribe Turbay en alianza con grupos ilegales.
La carta ya está en poder de la Fiscalía.
Además, lo… https://t.co/qYqcohCoUG pic.twitter.com/UT6ro4eHEG
Actualmente, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego impulsa medidas para reforzar la seguridad de los aspirantes presidenciales, tras diversas denuncias y amenazas relacionadas con su labor política.
Paralelamente, se investiga la posible implicación de organizaciones ilegales —Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidencias de las Farc— en al menos 23 hechos bajo observación, relacionados con riesgos a la vida de candidatos.
