Catastro Multipropósito: Nuevos Bloqueos a la vista

La actualización catastral multipropósito, lejos de cerrar brechas, está abriendo un nuevo frente de incertidumbre para miles de familias. Avalúos cuestionados, obligaciones tributarias crecientes y mesas de concertación sin soluciones definitivas podrían convertir el inconformismo ciudadano en nuevos escenarios de protesta.

La actualización catastral multipropósito llegó con la promesa de modernizar la información predial. Sin embargo, nuevamente en Santander, al igual que en otros departamentos del país, amenaza con convertirse en una bomba de tiempo si las “escasas soluciones” terminan atendiendo únicamente a quienes presentaron reclamaciones. El verdadero problema aparece cuando valores prediales desproporcionados han generado obligaciones que miles de familias no han podido asumir y las respuestas institucionales no llegan oportunamente.

Las movilizaciones de abril de 2026 dejaron clara esa inconformidad. Las comunidades exigieron revisar los avalúos, suspender sus efectos y modificar la metodología para determinar los valores de las zonas homogéneas, además de cuestionar la Resolución 2057 del IGAC. Las protestas condujeron a establecer mesas de concertación. Pero una mesa solo cumple su propósito cuando se alcanzan soluciones verificables. En la más reciente reunión, coordinada por la Procuraduría Provincial de Santander, con representantes del comité del paro de abril y otros actores institucionales, entre ellos el Área Metropolitana de Bucaramanga y donde debieron asistir las alcaldías involucradas, volvió a quedar en evidencia el cansancio ciudadano: los afectados ya perdieron la cuenta de si fue la sexta o séptima mesa. Para muchos, fueron nuevamente discursos sin soluciones concretas.

Y el desgaste social llegó a un punto particularmente preocupante. A la última mesa de concertación, realizada el pasado 27 de agosto, no asistieron el alcalde, el secretario de Hacienda ni el secretario de Planeación de Piedecuesta. La ausencia generó indignación entre los reclamantes, precisamente cuando estos escenarios deberían contar con la presencia de quienes tienen capacidad de decisión sobre buena parte de las soluciones planteadas. El propio procurador provincial llamó la atención sobre la situación y la mesa tuvo que ser reprogramada. La consecuencia parece menor en el papel, pero no lo es para quienes llevan meses reclamando: una nueva fecha significa más gastos, más desplazamientos y mayor desgaste físico y emocional para un grupo cada vez más reducido de ciudadanos que continúa asistiendo, aunque muchos lo hacen invadidos por el pesimismo.

A esta frustración se suma una preocupación jurídica. Lo que el sentido común sugiere es que debería realizarse una revisión general de los valores de las zonas homogéneas y de los avalúos individuales de los predios urbanos y rurales. Sin embargo, algunos municipios estarían planteando limitar dichas revisiones exclusivamente a quienes radicaron reclamaciones. ¿Qué ocurre, entonces, con quienes no reclamaron por desconocimiento, dificultades económicas o intimidaciones administrativas? Muchos propietarios enfrentan hoy la misma realidad: un impuesto predial que no pueden pagar. Si una solución beneficia solamente a quienes reclamaron, propietarios afectados en condiciones similares podrían recibir tratamientos diferentes, abriendo una discusión de fondo sobre los principios de igualdad y justicia administrativa.

“Las cuentas no cuadran”

Resulta preocupante para municipios como Piedecuesta que la actualización catastral general, que finalmente incluyó cerca de 64.000 predios, haya tenido un costo aproximado de $2.500 millones, mientras que la revisión de un grupo inferior a 2.000 predios tenga un costo cercano a $850 millones. Sencillamente, como se dice popularmente, “las cuentas no cuadran”. La pregunta inevitable es quién termina pagando los costos económicos de la improvisación de una actualización que ahora requiere nuevas revisiones. La improvisación no solo habría generado consecuencias tributarias para los propietarios, sino también impactos presupuestales para el municipio.

Existe, además, otra consecuencia que no puede ignorarse: la relación entre el nuevo valor patrimonial y las obligaciones ante la DIAN. Una elevación desproporcionada del valor predial ha incidido en el patrimonio fiscal de muchos ciudadanos y, dependiendo de las demás condiciones y topes aplicables en cada vigencia, ha hecho que un número indeterminado de propietarios quede obligado a declarar renta sin haberlo previsto. Familias que ya enfrentan dificultades para pagar el predial ahora afrontan una carga tributaria adicional.

Piedecuesta es especialmente sensible en este escenario. Por eso, las mesas de concertación no pueden convertirse en una sucesión indefinida de reuniones, aplazamientos y ausencias. Se necesitan revisiones integrales, criterios objetivos y soluciones que incluyan también a quienes no reclamaron. Si el Estado espera a que se produzca una nueva protesta para reaccionar, habrá perdido una valiosa oportunidad de resolver administrativamente un conflicto que sigue creciendo. La verdadera bomba de tiempo no está solamente en los avalúos: está en la combinación de obligaciones tributarias, desigualdad, incertidumbre y frustración acumulada. Cuando una familia siente amenazado su único patrimonio y encuentra entidades administrativas indolentes y renuentes a corregir los errores generados por la improvisación, el combustible para nuevos bloqueos ya está servido.