¡Cepeda le lleva los trapos sucios de De la Espriella a Washington: ahora quiere que la Casa Blanca le ponga la lupa!

El senador opositor pidió a 15 congresistas demócratas y al fiscal general de Estados Unidos investigar los presuntos vínculos comerciales y financieros del mandatario colombiano con personas relacionadas con el narcotráfico.

También pidió vigilar la política de tierras del Gobierno, condicionar parte de la ayuda antinarcóticos y revisar el destino de los bienes incautados. La disputa política colombiana comienza a buscar árbitros al otro lado del río Bravo.

La pelea política entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella acaba de cruzar fronteras. Lo que hasta ahora se había desarrollado en el Congreso colombiano, entre debates, acusaciones y fuertes enfrentamientos ideológicos, tiene ahora un nuevo escenario: Washington.

 El senador y excandidato presidencial decidió tocar las puertas de 15 congresistas del Partido Demócrata y del fiscal general estadounidense, Todd Blanche, para advertirles que, a su juicio, algunas decisiones del actual Gobierno colombiano podrían terminar favoreciendo intereses del narcotráfico y comprometiendo la seguridad de Estados Unidos.

Pero ¿qué tiene que ver la política agraria colombiana con la seguridad de los estadounidenses? Esa es precisamente la explicación central de la carta enviada este jueves 5 de noviembre por Cepeda.

El argumento del dirigente opositor es que el narcotráfico no solamente representa una amenaza por la producción y comercialización de drogas, sino también por su capacidad para infiltrar la economía legal, lavar dinero y apropiarse de tierras mediante operaciones comerciales, testaferros y estructuras criminales. Y es justamente en el manejo de la propiedad rural donde Cepeda identifica uno de los mayores riesgos de la política del presidente De la Espriella.

La pelea de fondo: ¿a quién terminarán beneficiando las tierras?

Para entender la dimensión de la denuncia hay que mirar hacia el debate que Cepeda protagonizó el pasado 27 de octubre en el Senado, cuando cuestionó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por la orientación de la política agraria del Gobierno.

Según el senador, las decisiones de la administración De la Espriella podrían representar una contrarreforma agraria, con el riesgo de que tierras que han pasado por procesos de recuperación, extinción de dominio o adjudicación a comunidades campesinas terminen nuevamente en manos de personas vinculadas con organizaciones narcotraficantes y poderosos clanes mafiosos.

En palabras más sencillas, la preocupación que plantea Cepeda es que mientras el Estado intenta quitarles tierras a las estructuras criminales, algunas decisiones gubernamentales podrían abrirles nuevamente las puertas para recuperar esos patrimonios o beneficiarse de ellos.

No se trata únicamente de quién tiene un título de propiedad. El asunto es determinar de dónde salió el dinero para comprar las tierras, quiénes fueron sus anteriores propietarios, quiénes aparecen como intermediarios y si detrás de determinadas operaciones inmobiliarias existen recursos provenientes del narcotráfico.

Para Cepeda, este problema también tiene una dimensión internacional porque parte de las operaciones comerciales y patrimoniales que cuestiona involucran empresas y propiedades en territorio estadounidense.

El nombre de Alex Saab vuelve a aparecer en el expediente político

Uno de los puntos más delicados de la comunicación tiene que ver con los negocios y relaciones comerciales que el senador pide examinar alrededor de De la Espriella y su entorno empresarial y familiar.

La controversia no es nueva. El 17 de junio pasado, 11 congresistas demócratas ya habían enviado una comunicación a las autoridades estadounidenses para solicitar que se examinaran las actividades comerciales del entonces candidato presidencial, particularmente sus operaciones inmobiliarias en Florida, sus empresas y sus presuntos vínculos con personas relacionadas con estructuras criminales.

En aquella oportunidad, los legisladores mencionaron posibles conexiones financieras con Alex Saab, empresario colombo-venezolano investigado en Estados Unidos por presunto lavado de activos y antiguo cliente del hoy mandatario colombiano.

Los congresistas también señalaron operaciones inmobiliarias y sociedades empresariales cuyo origen de recursos, según plantearon, merecía una revisión exhaustiva. Sin embargo, reconocieron que las propiedades podrían haber sido adquiridas legalmente y que correspondía a las autoridades determinar si existían irregularidades.

Ahora Cepeda pretende que aquella comunicación no termine archivada en algún escritorio de Washington. Por eso solicita que los departamentos de Justicia y del Tesoro informen qué actuaciones adelantaron, incluida la información relacionada con el caso Saab.

También pide que la Comisión Federal Electoral (FEC) examine los aportes a campañas realizados a nombre de la esposa del mandatario, con el propósito de establecer si existieron irregularidades en la financiación política.

La ayuda estadounidense también entra en la discusión

Otro capítulo de la carta tiene consecuencias potencialmente más sensibles para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos: la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

Cepeda solicita que, tomando como referencia las enmiendas promovidas por los representantes Jesús García, Alexandria Ocasio-Cortez y Greg Casar, se establezcan condiciones para que la asistencia estadounidense no termine beneficiando a estructuras vinculadas con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

También reclama mecanismos de auditoría sobre los bienes incautados al narcotráfico. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que los recursos, equipos, cooperación y programas que Estados Unidos entrega a Colombia para combatir las drogas y las organizaciones criminales deberían tener controles suficientes para impedir que terminen favoreciendo, directa o indirectamente, a quienes precisamente deberían combatir.

La solicitud busca además que el Congreso estadounidense convoque audiencias para examinar el lavado de activos del narcotráfico mediante la compra, acumulación y comercialización de tierras en Colombia.

Los campesinos también están en la carta

La comunicación no se limita a señalar posibles irregularidades empresariales o cuestionar las decisiones del Gobierno. Cepeda incorpora una petición de protección para las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas.

Su argumento es que garantizar la permanencia de estas poblaciones en sus territorios constituye una barrera contra el despojo, la expansión de las economías ilegales y el control territorial de las organizaciones narcotraficantes.

En otras palabras, para el senador, defender la propiedad y los derechos de las comunidades rurales también es una manera de combatir el narcotráfico desde sus estructuras económicas y territoriales.

Washington, nuevo escenario de la confrontación

La escogencia de los destinatarios tampoco parece casual. La carta llega después de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, cuyos resultados fortalecieron al Partido Demócrata frente al gobierno de Donald Trump. Cepeda considera que este nuevo panorama político abre oportunidades para que sus denuncias tengan mayor atención en el Congreso estadounidense.

La misiva fue dirigida a figuras demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez, Greg Casar, Jesús García, Joaquín Castro, Gregory Meeks, Pramila Jayapal, Rashida Tlaib y otros legisladores, además del fiscal general Todd Blanche.

Hay, además, un elemento que Cepeda considera determinante: Abelardo de la Espriella también es ciudadano estadounidense desde febrero de 2023. Por esa razón, sostiene que las autoridades de ese país tienen motivos para examinar las operaciones comerciales y financieras que puedan comprometer su legislación y los intereses de seguridad estadounidenses.