•
Suscribirse Iniciar sesión
Última-hora

Cinco días para rectificar: justicia concluye que acusaciones contra Campo Elías Ramírez vulneraron su honra y buen nombre

Un juez protegió la honra y presunción de inocencia del alcalde de Girón y ordenó rectificar acusaciones difundidas en redes sin respaldo judicial.

Cinco días para rectificar: justicia concluye que acusaciones contra Campo Elías Ramírez vulneraron su honra y buen nombre
✨ Resumen con IA

Un juez protegió la honra y presunción de inocencia del alcalde de Girón y ordenó rectificar acusaciones difundidas en redes sin respaldo judicial.

✨ Generado con IA · puede contener errores, verifícalo antes de compartir.
Únete a nuestro canal de WhatsApp Recibe lo más importante de El Frente al instante
Línea del tiempo · IA
····

··········

····

········

✨ Generado con IA · puede contener errores, verifícalo antes de compartir.

Concierto para delinquir, falsificación de títulos y despojo de tierras, esas fueron las conductas punibles en las que se configuraban los señalamientos que efectuó un ciudadano al que un juez de la República ordenó, mediante un fallo de tutela, no solo retirar o corregir las divulgaciones efectuadas en contra del mandatario del municipio de Girón, sin que también estableció expresamente que las acusaciones reiteradas de delitos contra el alcalde Campo Elías Ramírez Padilla, presentadas como hechos ciertos y sin una decisión judicial que acreditara su responsabilidad, vulneraron sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia.

 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Es un pronunciamiento judicial de esos para enmarcar porque si bien mediante el pronunciamiento la justicia protegió el derecho de los ciudadanos a denunciar y cuestionar la gestión pública mediante la libertad de opinión y expresión, también estableció que esa libertad no autoriza a presentar imputaciones delictivas no demostradas como si fueran verdades judicialmente establecidas. ¡Toda una perla para los difamadores!

Estamos hablando de una controversia pública que durante varias semanas rodeó al alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez Padilla, como consecuencia de una serie de acusaciones difundidas en redes sociales por un ciudadano identificado en el expediente como Edward Mauricio Barrera González, quien a quien el togado reprendió con firmeza bajo el amparo de la siguiente hipótesis: la indebida utilización de señalamientos sobre presuntos delitos como si se tratara de hechos probados, sin que existiera una decisión judicial que estableciera su responsabilidad.

El protagonismo en esta historia la tiene el la jueza Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Girón, Maira Patricia Pacheco González quien profirió esta decisión el 17 de noviembre de 2026, amparando los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia del alcalde, y le ordenó al rectificar públicamente varias afirmaciones que difundió en su cuenta de TikTok, identificada como @mauro.b776.

Transcendental el fallo cuando menos porque en un primer momento, la decisión establece que el ciudadano deberá realizar la rectificación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del fallo, mediante un video publicado en la misma cuenta o, si esta no se encuentra disponible, en otra plataforma o red social que tenga una capacidad de difusión equivalente.

Pero hay algo más, la orden judicial no se limita a una retractación general. Exige que Barrera González precise el estado de las denuncias o investigaciones relacionadas con los hechos que mencionó, o indique si no existe proceso o denuncia, y advierta expresamente que Campo Elías Ramírez no tiene una sentencia que lo declare penalmente responsable de las conductas que le atribuyó.

El pronunciamiento representa un importante punto de inflexión en una disputa que tuvo como telón de fondo una controversia por la posesión del predio Hacienda La Meseta, pero que terminó trasladándose a las redes sociales, donde las diferencias entre las partes escalaron hasta convertirse en una confrontación de acusaciones personales.

 

La disputa por tierras que terminó

en una confrontación pública

De acuerdo con el fallo de tutela, el origen de esta controversia se encuentra en el conflicto relacionado con el predio Hacienda La Meseta, sobre el cual Edward Mauricio Barrera González asegura tener derechos de posesión, derechos que el accionado intenta hacer respetar mediante el proceso policivo número 118-2025 ante la Inspección Tercera de Convivencia y Paz de Girón, donde actualmente se discuten aspectos relacionados con la titularidad y posesión del inmueble y las actuaciones de la administración municipal sobre el predio.

Fue precisamente alrededor de esta disputa donde comenzaron a aparecer las publicaciones que posteriormente fueron cuestionadas por el alcalde.

Por ejemplo, de acuerdo con los hechos acreditados y examinados en el trámite de tutela, el 7 de septiembre de 2026 Barrera González publicó un video en TikTok, que previamente había difundido en Facebook, en el que afirmó que el predio tenía documentos presuntamente falsos en la Fiscalía 51 Seccional y anunció que individualizaría a las personas que estaban interviniendo en el terreno para entregar esa información a las autoridades.

La publicación tuvo una considerable circulación. Según las métricas incorporadas al expediente, alcanzó 305.900 visualizaciones, 4.072 reacciones, 132 comentarios, 281 guardados y 556 compartidos.

Un día después, el 8 de septiembre, Barrera González avanzó en sus señalamientos y publicó en los comentarios una noticia con la fotografía y el nombre del alcalde, relacionada con una denuncia por los presuntos delitos de concierto para delinquir y fraude documental.

 

“Que me lleven ante la justicia”: Alcalde

En los días siguientes la andanada de señalamientos continuó. Entre el primero y el 3 de octubre, Barrera González publicó comentarios en los que calificó de ladrones al alcalde y a otros integrantes de la administración y afirmó que desde la administración pretendían apropiarse del lote en cuestión y sostuvo que el municipio había falsificado una escritura pública, identificada como la número 1907.

El alcalde consideró que estas expresiones habían sobrepasado los límites de la crítica ciudadana y se habían convertido en imputaciones concretas de conductas delictivas. Por esa razón, el 6 y 7 de octubre de 2026 remitió dos comunicaciones personales solicitando el retiro, la rectificación o la enmienda de las afirmaciones. En esos documentos identificó las publicaciones cuestionadas, señaló los apartes que consideraba inexactos y propuso fórmulas de corrección.

También solicitó que, si existían pruebas de las acusaciones, le fueran suministradas o se identificaran las autoridades ante las cuales habían sido presentadas, junto con sus respectivos números de radicación, para poder ejercer su derecho a la defensa. Sin embargo, según lo expuesto por el mandatario ante el juzgado, no se produjo la rectificación solicitada.

El episodio más delicado llegó el 28 de octubre. En un nuevo video, Barrera González aseguró que cualquier cosa que pudiera ocurrirle sería responsabilidad del alcalde, al interpretar las comunicaciones de los días 6 y 7 de octubre como amenazas.

Para el alcalde, la situación había dejado de ser una discusión sobre un predio o sobre la gestión municipal y consideró que se estaba construyendo ante la opinión pública una imagen de él como responsable de delitos que ninguna autoridad había declarado probados.

 

La justicia: una diferencia

entre criticar y atribuir delitos

El juzgado abordó uno de los asuntos más importantes de este proceso: la tensión entre la libertad de expresión de los ciudadanos y los derechos fundamentales de una persona que, además de ser un particular, ejerce un cargo público.

En su análisis, reconoció que los alcaldes están sometidos a un mayor escrutinio ciudadano y que la libertad de expresión protege las críticas, denuncias y cuestionamientos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

De hecho, la jueza consideró que expresiones fuertes, incluso groseras, sobre presuntos chanchullos, irregularidades administrativas, actuaciones de funcionarios o problemas relacionados con los predios de Girón, estaban amparadas por la libertad de expresión.

Esto significa que la decisión no constituye una prohibición para que Barrera González, o cualquier otro ciudadano, cuestione la administración municipal, denuncie posibles irregularidades o reclame por la situación del predio Hacienda La Meseta.

Sin embargo, el juzgado encontró una diferencia sustancial entre ese ejercicio legítimo de crítica y la atribución reiterada de delitos concretos al alcalde como si ya estuvieran demostrados.

En el análisis del despacho se concluyó que Edward Mauricio Barrera había realizado publicaciones sistemáticas y reiteradas en las que atribuía a Campo Elías Ramírez conductas como concierto para delinquir, falsificación de títulos, despojo o expropiación de tierras, además de señalarlo por supuestas amenazas e intimidaciones.

 

El problema, según el juez, no era que se investigaran o denunciaran posibles irregularidades, sino que esas acusaciones se difundieran ante la audiencia como hechos ciertos, sin observar el principio de veracidad que debe orientar la información publicada.

En otras palabras, la condición de alcalde no obliga a Campo Elías Ramírez a soportar que se le atribuyan delitos como si existiera una sentencia que demostrara su responsabilidad.