Colombia necesita autoridad, justicia y una paz sin impunidad
El país necesita un liderazgo decidido, una justicia sin privilegios para los criminales y un Estado capaz de recuperar los territorios que durante años han estado sometidos al miedo y la violencia. Colombia necesita decisiones firmes, no más promesas que terminan convirtiéndose en frustraciones para millones de ciudadanos. Durante décadas, las organizaciones criminales han aprovechado las debilidades institucionales, los discursos
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El país necesita un liderazgo decidido, una justicia sin privilegios para los criminales y un Estado capaz de recuperar los territorios que durante años han estado sometidos al miedo y la violencia.
Colombia necesita decisiones firmes, no más promesas que terminan convirtiéndose en frustraciones para millones de ciudadanos. Durante décadas, las organizaciones criminales han aprovechado las debilidades institucionales, los discursos ideológicos y los procesos fallidos de negociación para fortalecer sus estructuras, ampliar sus negocios ilegales y continuar sembrando miedo en las regiones.
En ese escenario, sabemos que, el presidente Abelardo De la Espriella representa una apuesta por recuperar la autoridad del Estado y devolverles la tranquilidad a los colombianos. Su postura parte de un principio que no debería admitir discusión: Ningún grupo armado puede estar por encima de la ley ni utilizar la búsqueda de la paz como instrumento para prolongar sus actividades criminales.
La aprobación de una ley de sometimiento a la justicia marcaría un paso importante en esa dirección. Colombia necesita mecanismos jurídicos que permitan a quienes abandonen definitivamente la criminalidad, responder ante la justicia, entregar las armas, contribuir al esclarecimiento de la verdad y reparar a las víctimas. Pero esos beneficios no pueden convertirse en premios para quienes incumplen sus compromisos y regresan a las actividades delictivas.
El país ya ha conocido los costos de los procesos sin resultados concretos. Las comunidades no pueden seguir siendo las grandes sacrificadas de negociaciones interminables, mientras los grupos armados conservan el control territorial, reclutan menores, extorsionan comerciantes y financian sus estructuras mediante economías ilegales.
Por eso, uno de los mayores desafíos del Gobierno debe ser demostrar que la autoridad no es negociable y que la paz no significa impunidad. Quienes decidan abandonar las armas deben encontrar una salida jurídica bajo condiciones claras; quienes persistan en el terrorismo y el sometimiento de la población deben enfrentar toda la capacidad legítima de las instituciones.
Una política de sometimiento debe establecer condiciones verificables: Entrega efectiva de armas, desmantelamiento de estructuras, reparación a las víctimas, esclarecimiento de delitos y garantías reales de no repetición. Los beneficios jurídicos, cuando correspondan, deben ser proporcionales y estar sujetos al cumplimiento estricto de la ley.
La autoridad pierde legitimidad cuando reproduce los abusos que tiene la obligación de combatir.
El Congreso tiene una responsabilidad histórica: Garantizar que cualquier legislación sobre sometimiento sea jurídicamente sólida, transparente y eficaz. La oposición, por su parte, tiene derecho a cuestionar las iniciativas gubernamentales. El debate democrático no debe interpretarse automáticamente como un obstáculo, porque las leyes que comprometen el futuro del país necesitan controles y deliberación.
La recuperación territorial exige algo más que operaciones militares. Requiere presencia permanente de jueces, fiscales, maestros, hospitales, infraestructura y oportunidades económicas.
Sin embargo, recuperar a Colombia también significa llevar inversión, educación, salud, infraestructura y oportunidades laborales a los territorios históricamente abandonados. La seguridad no se construye únicamente con operaciones militares, sino con instituciones presentes y comunidades que tengan alternativas para vivir dignamente.
El presidente tiene ante sí una responsabilidad enorme: Demostrar que es posible gobernar con determinación, fortalecer la justicia y proteger a quienes cumplen la ley. La ciudadanía exige resultados, garantías y tranquilidad.
Colombia merece recuperar su territorio, su institucionalidad y la confianza en sus autoridades. La paz no puede seguir siendo una excusa para que los criminales ganen tiempo y poder. Es hora de que la justicia cumpla su función y que los ciudadanos de bien vuelvan a sentirse protegidos en su propio país. Porque gobernar también significa tener el valor de defender a Colombia.