Comenzó la disputa legal por el Galeón San José
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia enfrenta un litigio con la empresa estadounidense Sea Search Armada por los derechos del galeón San José. La empresa reclama el 50% del valor del galeón, argumentando ser su descubridor en 1982.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia enfrenta un litigio con la empresa estadounidense Sea Search Armada por los derechos del galeón San José. La empresa reclama el 50% del valor del galeón, argumentando ser su descubridor en 1982.
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La directora (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Paula Robledo, advirtió que el litigio internacional con Sea Search Armada, la empresa estadounidense cazatesoros, por los derechos sobre el descubrimiento del galeón San José, no será fácil.
Durante el Simposio Internacional Perspectivas y Desafíos en la Investigación del Hallazgo del Galeón San José, Robledo destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre los sectores de cultura, justicia, defensa y todos los involucrados en la defensa del patrimonio cultural.
Sea Search Armada reclama USD 10.000 millones, equivalentes al 50% del valor del galeón San José, pero Robledo hizo hincapié en que no se trata de un tesoro sino de un patrimonio cultural colombiano. La defensa del Estado colombiano ha repelido las amenazas y reclamos de la compañía en instancias como las Cortes del Distrito de Washington y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La disputa se remonta a 1982, cuando Sea Search Armada afirmó haber descubierto los restos del naufragio, antes de que el Estado colombiano anunciara el hallazgo en 2015.
El Estado argumenta que la empresa no ha invertido en Colombia, como exige el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Además, señala que en los ochenta, cuando la compañía solicitó permisos para explorar el Caribe colombiano, no especificó que buscaba los restos del galeón.
La empresa, basándose en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de 2007, reclama el 50% de lo encontrado, argumento que el Estado refuta al considerar que los monumentos históricos y arqueológicos no pueden ser considerados como tesoros.
