Comunidades de Soto Norte piden a Abelardo finalizar delimitación tras 9 años de retrasos

Los líderes sociales, comunitarios y organziaciones de pequeña y mediana minería de Soto Norte (Santander) afirmaron que respetan la decisión adoptada por el Consejo de Ministros y esperan que muy pronto, y sin aplazamientos, el Gobierno nacional finalice la delimitación del Páramo de Santurbán cumpliendo la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, proceso que después de 9 años aún sigue sin terminarse.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Mediante el Decreto 1407 de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, designó como Ministro de Ambiente Ad Hoc para temas de Santurbán, a Indalecio Dangond Baquero, actual Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

“*Le pedimos al Gobierno Nacional y al nuevo Ministro designado para la delimitación de Santurbán, que no haya impedimentos para seguir defendiendo la legalidad y la actividad minera formal", indicó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas.

La líder enfatizó en que "el Estado no puede declararse impedido para cumplir la delimitación del Páramo como lo ordenó la Corte Constitucional respetando los acuerdos alcanzados con la gente; no puede declararse impedido para corregir las resoluciones inconsultas y antitécnicas que vulneraron los derechos de las comunidades; y no se puede declarar impedido para evitar que los grupos ilegales nos desplacen de nuestras tierras y destruyan el Páramo que nosotros hemos cuidado”, indicó Ivone González.

La líder comunitaria afirmó que las comunidades esperan el reinicio de las mesas de concertación para la delimitación del Páramo de Santurbán en los 14 municipios que aún faltan, respetando lo ya concertado por el Estado colombiano con diferentes comunidades, incluidos Vetas, California, Suratá y Matanza, municipios donde ya se concertó con el MinAmbiente la línea que define qué es Páramo y qué no lo es. Solo así el Ministerio de Ambiente podrá cumplir la orden de expedir una nueva delimitación, que ya acumula *nueve años de retrasos e incumplimientos* principalmente por las acciones judiciales y campañas de desprestigio políticas.

“No podemos permitir que el Páramo de Santurbán siga siendo utilizado como bandera política, para perseguir, estigmatizar y señalar a más de 25 mil familias que dependemos de nuestra vocación minera de más de 450 años. Esperamos que el Gobierno no se declare impedido para, por fin, frenar el uso politiquero que grupos activistas sigan usando el Páramo de Santurbán para sembrar miedo y ganar elecciones”, aseguró González.

Las comunidades recordaron que llevan más de una década pidiendo ser escuchadas y que cada año de incertidumbre jurídica ha empujado a familias enteras a abandonar la actividad formal, dejándole el terreno libre a la minería ilegal, que opera sin controles ambientales y sin responder ante nadie.

Por su parte, Fabio Maldonado, director del Consejo de Desarrollo Territorial de Soto Norte, afirmó que “estás medidas judiciales de los activistas no protegen en nada el Páramo, y no son más que un absurdo. Las acciones concretas como la formalización minera que permite reducir la contaminación y los impactos sobre el agua, son las que verdaderamente protegen el Páramo, el agua, y al campesino y paramero”.

Así mismo, Maldonado que “se evidencia que el Ministro Arjona no le servía a los activistas y sus comités, porque ellos tuvieron 4 años para adelantar la delimitación teniendo un Gobierno propio y unas ministras como Susana Muhamad e Irene Vélez que no hicieron nada, y solo corrieron a 6 horas de terminar ese gobierno para dejar una delimitación amañada y conveniente a sus intereses, y luego renunció ara no tener responsabilidad sobre sus actuaciones”.

Según el Decreto firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro Ad Hoc, Indalecio Dangond, será el responsable de realizar las acciones y los trámites administrativos relacionados con la delimitación del complejo Paramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín, y la zona de la reserva temporal de 75 mil hectáreas por fuera de Santurbán, impuesta por el gobierno de Gustavo Petro sin concertación con las comunidades, y la cual afecta directamente a más de 25 mil familias que viven de la minería en Surata, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.