Comunidades piden a MinAmbiente que no se declare impedido para tratar tema Santurbán

Los líderes sociales y comunitarios de la región manifestaron su respeto por la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de septiembre, mediante la cual fue aceptado el impedimento del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, para intervenir administrativamente en los asuntos relacionados con la delimitación de Santurbán.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Sin embargo, su mensaje al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella hace énfasis en que el impedimento de un funcionario no puede convertirse en un impedimento para que el Estado cumpla la ley, proteja el páramo y garantice los derechos de quienes llevan generaciones habitando y trabajando en este territorio.

Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, destacó la decisión del Consejo de Ministros y sostuvo que el procedimiento demuestra respeto por las normas y las garantías que deben rodear las actuaciones administrativas.

La dirigente contrastó esta determinación con actuaciones de anteriores funcionarios del Ministerio de Ambiente, a quienes las comunidades cuestionan por decisiones adoptadas en medio de recusaciones, impedimentos y controversias sobre posibles conflictos de interés.

González pidió que quien sea designado para continuar con la delimitación de Santurbán asuma el proceso sin dilaciones y con respeto por los acuerdos alcanzados con las comunidades.

“Le pedimos al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en cabeza de quien sea designado para la delimitación de Santurbán, que no haya impedimentos para seguir defendiendo la legalidad y la actividad minera formal”, afirmó la presidenta de Asomineros Vetas.

Su planteamiento apunta a que la institucionalidad debe garantizar el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, corregir las actuaciones que las comunidades consideran inconsultas y antitécnicas y proteger a la población frente a la expansión de la minería ilegal.

 Nueve años de espera

Para las comunidades de Soto Norte, la delimitación de Santurbán continúa siendo una deuda institucional. Según sus voceros, el proceso acumula nueve años de retrasos e incumplimientos, una situación que ha mantenido en incertidumbre jurídica a familias dedicadas a la minería y a otras actividades rurales.

Los líderes esperan que se reanuden las mesas de concertación en los 14 municipios que aún faltan por completar el proceso, respetando los acuerdos que, según su versión, ya fueron alcanzados en su totalidad con Vetas y California.

González advirtió que Santurbán no puede seguir siendo utilizado como una bandera política para estigmatizar a las familias que dependen de la actividad minera.

“No podemos permitir que el Páramo de Santurbán siga siendo utilizado como bandera política, para perseguir, estigmatizar y señalar a más de 25 mil familias que dependemos de nuestra vocación minera de más de 450 años”, aseguró.

La dirigente agregó que las comunidades esperan que el Gobierno evite que el páramo sea utilizado para sembrar miedo y obtener réditos electorales.

Uno de los principales argumentos de los líderes de Soto Norte es que la falta de claridad sobre la delimitación puede terminar afectando a quienes desarrollan actividades formales y abrir espacio a grupos ilegales.

Las comunidades sostienen que durante más de una década han pedido ser escuchadas y que la incertidumbre jurídica ha llevado a algunas familias a abandonar la minería formal, dejando el territorio expuesto a actividades ilegales sin controles ambientales ni garantías para la población.

Un camino hacia la formalización

Por su parte, Fabio Maldonado, director del Consejo de Desarrollo Territorial de Soto Norte, sostuvo que las medidas judiciales promovidas por activistas no representan, en su opinión, una protección efectiva del ecosistema.

El dirigente defendió la formalización minera como una herramienta para reducir los impactos ambientales y proteger el agua, la biodiversidad y las comunidades campesinas y parameras.

“Las acciones concretas como la formalización minera que permite reducir la contaminación y los impactos sobre el agua, son las que verdaderamente protegen el Páramo, el agua, y al campesino y paramero”, afirmó Maldonado.

El director del Consejo de Desarrollo Territorial también cuestionó la gestión de las anteriores ministras de Ambiente, Susana Muhamad e Irene Vélez, y sostuvo que durante el Gobierno anterior no se habría avanzado suficientemente en la delimitación.

Maldonado señaló que las decisiones adoptadas al final de la administración anterior deben ser revisadas y cuestionó lo que considera un uso político de Santurbán.

Estas afirmaciones corresponden a la posición de los voceros comunitarios y reflejan una de las controversias que rodean el proceso de delimitación. Las actuaciones administrativas y judiciales deberán determinar la validez de las decisiones adoptadas y las responsabilidades que correspondan.