Condenado a más de 27 años de cárcel ‘Obrero’ del sicariato
Hernán Giovanni Arteaga Plazas recibió una condena de 27 años y seis meses por el asesinato de cuatro personas en Boyacá entre 2003. Los crímenes, cometidos bajo una estructura sicarial, fueron tipificados como delitos de lesa humanidad.
Hernán Giovanni Arteaga Plazas recibió una condena de 27 años y seis meses por el asesinato de cuatro personas en Boyacá entre 2003. Los crímenes, cometidos bajo una estructura sicarial, fueron tipificados como delitos de lesa humanidad.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Homicidios fueron tipificados como delitos de lesa humanidad
Un juez penal de circuito impuso una condena de 27 años y seis meses a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, alias ‘El Obrero’ por su participación en el asesinato de cuatro personas entre febrero y marzo de 2003.
Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación vinculan al procesado con una red sicarial que operó en el oriente del país. Según el expediente, las víctimas fueron tres hombres y un adolescente, atacados en distintos corredores viales del departamento de Boyacá.
El proceso determinó que el condenado integró una estructura conocida como Las Especiales, que actuó al servicio de las Autodefensas Campesinas del Casanare.
Camuflado como ‘minutero’
Los fiscales señalaron que el grupo etiquetó a las víctimas como supuestos colaboradores de organizaciones rivales, acusaciones sin sustento en el juicio. Arteaga Plazas se acercó a las víctimas al hacerse pasar por vendedor de minutos de celular y, acto seguido, las agredió, de acuerdo con el material probatorio.
Por la continuidad y el contexto de los hechos, los homicidios fueron tipificados como delitos de lesa humanidad. La sentencia se dictó en el marco de la Ley 600 de 2000 por homicidio agravado y fue notificada en el centro de reclusión donde el sentenciado cumple penas.
El fallo incluye medidas de reparación simbólica para las familias y establece el reconocimiento judicial del carácter sistemático de los crímenes. El tribunal ordenó la inscripción de la condena en los registros penales y remitió copias del fallo a las autoridades competentes. Las víctimas tendrán acceso a seguimiento jurídico y apoyo psicosocial.
