Congreso aprueba la Ley de Sometimiento y entierra la Paz total de Petro: estas son las claves de la nueva política de orden público

La iniciativa fue aprobada por el Senado con 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que la Cámara de Representantes respaldó el mismo texto con 95 votos positivos y 10 negativos. El proyecto prorroga la Ley 418 de 1997, establece herramientas para enfrentar las estructuras criminales y contempla medidas de intervención territorial, protección de la fuerza pública y lucha contra delitos ambientales.

El Congreso de la República aprobó la Ley de Sometimiento, una iniciativa que busca fortalecer la política estatal de orden público, ampliar las herramientas jurídicas para enfrentar a las organizaciones criminales y promover una intervención integral en los territorios afectados por la violencia y las economías ilegales.

La aprobación definitiva se produjo en la noche del martes 3 de noviembre, cuando la plenaria de la Cámara de Representantes acogió el mismo articulado que había aprobado el Senado. La votación fue de 95 votos a favor y 10 en contra en la Cámara Baja, mientras que en el Senado la iniciativa obtuvo 57 votos positivos y 24 negativos.

Al coincidir los dos textos aprobados, no fue necesaria una comisión de conciliación, por lo que el proyecto quedó listo para pasar a sanción presidencial, en vísperas del vencimiento de la vigencia de la Ley 418 de 1997, prevista para el 4 de noviembre.

La discusión legislativa estuvo marcada por el debate sobre el alcance de las medidas de sometimiento, las garantías jurídicas para la fuerza pública, la financiación de las políticas de seguridad y los mecanismos para impedir que las organizaciones criminales mantengan sus vínculos con estructuras políticas o económicas.

Los principales puntos de la Ley de Sometimiento

1\. Prórroga de la Ley 418 de 1997

La iniciativa extiende la vigencia de la norma que establece instrumentos para preservar el orden público y permite al Estado mantener herramientas legales para gestionar procesos relacionados con la paz, la seguridad y la convivencia. La prórroga busca evitar un vacío normativo en esta materia.

2\. Herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales

El proyecto incorpora la política de sometimiento como instrumento estatal frente a estructuras delictivas. Su propósito es fortalecer la capacidad institucional para enfrentar la criminalidad, recuperar el control territorial y establecer mecanismos jurídicos para abordar a estas organizaciones, de acuerdo con las condiciones previstas en la ley.

3\. Intervención integral en los territorios

La propuesta plantea una respuesta estatal que no se limite a la acción de la fuerza pública, sino que fortalezca la presencia institucional en las zonas afectadas por la criminalidad. El objetivo es recuperar condiciones de seguridad y convivencia y atender las problemáticas territoriales que favorecen la permanencia de las estructuras ilegales.

4\. Inclusión de delitos ambientales

Uno de los artículos aprobados amplía el alcance de las disposiciones relacionadas con las actividades ilícitas que afectan los territorios, al incluir la deforestación y la tala ilegal, además de la minería ilegal. La decisión incorpora la dimensión ambiental dentro de los asuntos que debe abordar la política de seguridad y control territorial.

5\. Garantías jurídicas para la fuerza pública

El Congreso aprobó dos artículos nuevos orientados a brindar garantías jurídicas a los integrantes de la fuerza pública. Estas disposiciones buscan reforzar el marco legal en el que desarrollan sus funciones, aunque su alcance concreto debe determinarse a partir del articulado definitivo.

6\. Eliminación del artículo sobre Fonsecon

Durante la discusión en el Senado, los legisladores eliminaron el artículo 25, relacionado con el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). La decisión se adoptó con 78 votos y respondió a cuestionamientos sobre el manejo de los recursos vinculados con la seguridad y la convivencia.

Cambios durante el debate y controversias políticas

La aprobación no estuvo exenta de diferencias entre los congresistas. Durante la discusión en el Senado se presentaron cuestionamientos a varios artículos y solicitudes para revisar disposiciones relacionadas con la financiación de la seguridad y los posibles vínculos entre estructuras criminales y sectores políticos.

Los senadores Carolina Corcho y David Racero, del Pacto Histórico, pidieron rigurosidad en la discusión y advirtieron que el Congreso no debía limitarse a avalar las propuestas del Gobierno sin un examen detallado.

Por su parte, Duvalier Sánchez y Orlando de la Hoz solicitaron revisar artículos como el 25, referido a Fonsecon, y el 16, relacionado con los nexos políticos. Finalmente, el artículo 25 fue eliminado, mientras que varios artículos fueron modificados mediante textos sustitutivos presentados por los ponentes.

También se aprobaron modificaciones a los artículos 2, 3, 7, 13, 15 y 16, con 54 votos, de acuerdo con el balance de la votación legislativa.

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y ponente coordinador de la iniciativa, defendió el espíritu del proyecto al afirmar que “más que un sometimiento a la ley, es un acogimiento a la Constitución”.

A su turno, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, sostuvo que la finalidad es que el Estado tenga capacidad de imponerse sobre las organizaciones criminales mediante las herramientas constitucionales y legales.

¿Qué viene ahora?

Con la aprobación de ambas cámaras sobre el mismo texto, el proyecto pasa a sanción presidencial. Este trámite resulta determinante para que la iniciativa se convierta en ley, una vez se cumplan los requisitos constitucionales correspondientes.

La principal prueba será la aplicación efectiva de las herramientas aprobadas: recuperar el control territorial, debilitar las economías ilegales, mejorar la coordinación institucional y garantizar que cualquier mecanismo de sometimiento se desarrolle dentro de los límites de la Constitución y la ley.

El debate también deja planteado un desafío para el Gobierno y las autoridades territoriales: demostrar que la nueva política de orden público puede traducirse en resultados concretos en las regiones golpeadas por la violencia, la minería ilegal, la deforestación y otras actividades criminales.

La aprobación legislativa marca el cierre del trámite en el Congreso, pero no garantiza por sí sola una reducción de la criminalidad. Los resultados dependerán del contenido definitivo de la ley, su reglamentación cuando corresponda, los recursos disponibles y la capacidad de las instituciones para aplicarla en los territorios.