Contraloría dice que en ‘Unidad de Gestión del Riesgo’ se han robado $5 billones de pesos en cuatro años

El Contralor General de la República, encargado del despacho, Carlos Mario Zuluaga, declaró que la corrupción en la ‘Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres’ ha constituido el mayor desafío para el país y que se han robado en cuatro años alrededor de cinco billones de pesos, incluyendo la actual y la anterior administración nacional. Dentro de los contratos de los últimos dos años, aparecen las obras de protección del Río de Oro, en el municipio santandereano de Girón, que se atribuyen a la gestión del director administrativo de la Cámara de Representantes Jhon Abiud Ramírez Barrientos, plenamente justificadas por el peligro de inundaciones en diez barrios ubicados en la franja oriental de esta vertiente.

En los contratos celebrados durante la gestión de Olmedo López, dirigente antioqueño que hacía parte de la cúpula política del denominado ‘Pacto Histórico’, líder político del presidente Gustavo Petro, se habrían cometido sobrecostos por 16.000 millones de pesos para la compra de 46 carrotanques, destinados a mitigar el fenómeno de la sequía en la zona desértica del departamento de La Guajira. Parte del cuantioso saqueo de recursos de la nación habría sido acordado por una junta secreta de funcionarios del alto gobierno, de la que hicieron parte dos ministros, varios asesores presidenciales y alrededor de quince congresistas.

Los dineros de la ‘Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres’ habrían sido utilizados para sobornar al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, que dirigen el trámite de los proyectos de ley de la plataforma legislativa del gobierno. El informe de la Contraloría General dice que rastreó las cuentas de la contratación oficial desde 2021 hasta 2024, es decir los periodos de gobierno del expresidente Iván Duque y durante la presidencia de Gustavo Petro, incluyendo el suministro de alimentos para familias muy pobres del departamento de La Guajira y la contratación de maquinaria amarilla para municipios como Sabana de Torres y Puerto Wilches en Santander.