Contraloría: “Hay deficiencias en planes para la mitigación del cambio climático” ¿Fue un fraude la política bandera del gobierno Petro?

 La Contraloría identificó la reducción de recursos en el sector ambiente y desarrollo sostenible e ineficiencia en su ejecución. Para la vigencia 2025, el presupuesto de inversión asignado registró una reducción del 32% frente a 2024, al pasar de $1,44 billones a $976.371 millones. El informe del órgano de control revela deficiencias en la ejecución de las acciones y en el seguimiento de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en la implementación de los instrumentos de gestión relacionados con la acción climática.

En el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (IERNA) 2025-2026, la Contraloría General evidenció que existen debilidades institucionales en la capacidad para implementar medidas de adaptación y mitigación, dejando expuestas regiones con riesgo alto de desastres asociados a fenómenos de cambio climático.

Entre otros aspectos, la delegada para el Medio Ambiente identificó deficiencias en la formulación y seguimiento de los indicadores que miden el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 -2026, frente al cambio climático. El Gobierno reportó ejecuciones de metas físicas superiores al 100 %, en contraste con los bajos niveles de ejecución presupuestal; situación que podría evidenciar inconsistencias entre los mecanismos de medición de resultados y la asignación efectiva de recursos públicos, lo que genera incertidumbre sobre la consistencia del diseño y los mecanismos de evaluación y seguimiento del plan.

Además, la revisión de las acciones climáticas contenidas en PND, muestra que las acciones climáticas revisadas carecen de un plan de acción específico, metas verificables y responsables institucionales claramente definidos.  A esto se suma un problema de fondo en el reporte de resultados de Colombia ante la comunidad internacional, pues los indicadores no tienen asociación directa con las metas trazadoras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y persisten rezagos en la información 2023-2025, necesaria para su seguimiento.

La Contraloría también evidenció la disminución de recursos de inversión para el sector ambiente y desarrollo sostenible e ineficiencia en su ejecución. Para la vigencia 2025, este componente del Presupuesto General de la Nación (PGN) presentó una reducción del 32% frente a 2024, al pasar de $1,44 billones a $976.371 millones. Esta reducción resulta especialmente relevante en un periodo en el que la acción climática demanda fortalecer la capacidad financiera de las entidades responsables de la gestión ambiental.

A esto se suma la baja ejecución en los tres fondos especiales con mayores apropiaciones del PGN para financiar el gasto ambiental: El Fondo Adaptación, que ejecuta proyectos de gestión del riesgo climático en zonas prioritarias, registró una ejecución de tan solo el 0,82 % en 2025; el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que concentra el 74% de los recursos para inversión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentó una ejecución del 52 % y el Fondo de Compensación Ambiental, que sostiene financieramente a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) con menor capacidad de generación de ingresos propios, que mostró un 58% de ejecución.

Mientras estos fondos no lograban movilizar los recursos de inversión comprometidos del PGN, las CAR del país cerraron el 2025 con un superávit fiscal acumulado de $1,72 billones, equivalente al 30% de su recaudo anual. Este comportamiento refleja la existencia de recursos disponibles que no alcanzaron a traducirse oportunamente en inversiones para la gestión ambiental y climática. La ineficiencia en la ejecución presupuestal del sector ambiente y desarrollo sostenible no obedece principalmente a la falta de recursos, sino a dificultades recurrentes para materializar las inversiones en los territorios donde el riesgo climático exige una mayor inversión.

Planes de gestión del cambio climático

En Colombia, 30 de los 32 departamentos cuentan con un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT) formulado, De estos, 20 lo han adoptado formalmente y únicamente 13 reportan avances verificables en su implementación, lo que evidencia una brecha entre la formulación de los instrumentos y su ejecución efectiva.

Durante el periodo 2019 - 2025 se destinaron $2,76 billones a la gestión del cambio climático. Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) aportaron $1,96 billones (71 %) y las gobernaciones $807.733 millones (29 %).

De la inversión reportada por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el 80 % se financió con recursos propios, lo que evidencia su relevancia como principal fuente de financiación de la acción climática territorial. No obstante, persisten saldos significativos sin ejecutar, reflejados en los resultados fiscales acumulados reportados por estas entidades.

Del total de los recursos de inversión ejecutados por las CAR, que ascendieron a $9,6 billones, el 20,4%, equivalente a $1,96 billones, fue destinado específicamente a la implementación de acciones relacionadas a la gestión del cambio climático.

Además, la Contraloría identificó inequidad territorial, pues departamentos caracterizados con alta vulnerabilidad climática en la región de la Amazonia (Guainía, Guaviare y Vaupés) y la región de la Orinoquia (Arauca, Casanare y Vichada) reciben menor inversión que otros territorios con más baja exposición al riesgo.

La Contraloría General de la República resalta la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación para hacer seguimiento a los recursos, medir el avance de las políticas climáticas desde los territorios y utilizar sus resultados para retroalimentar los procesos de planificación y gestión, así como fortalecer los mecanismos que permitan relacionar el financiamiento con los resultados alcanzados en mitigación, adaptación y resiliencia climática.