¿Contratos por sexo? Confesa concubina de Petro hizo revelaciones escandalosas de la vida íntima del expresidente ¿Le creemos?

La mujer asegura que conoció al entonces senador en 2019, que recibió ayuda para conseguir contratos estatales y que habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres vinculadas a supuestos favores sexuales. También afirma que el exmandatario le pedía comprarle cocaína. Petro niega haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales.

La vida íntima del expresidente Gustavo Petro quedó en el centro de una tormenta política después de que Deyci Jiménez, una mujer que asegura haber mantenido una relación con él, denunciara presuntos favores sexuales a cambio de oportunidades laborales con el Estado. Su testimonio, publicado por la revista Semana, incluye referencias a encuentros privados, supuestas conversaciones por redes sociales, solicitudes relacionadas con drogas y una cadena de contratos públicos cuya obtención ahora despierta interrogantes.

Jiménez sostiene que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador y ella trabajaba en una página para adultos. Según su relato, después de ese primer acercamiento comenzó una relación que, con el paso del tiempo, habría coincidido con su vinculación a distintas entidades estatales.

La acusación más delicada es que esos contratos habrían funcionado como una forma de pago por encuentros sexuales. La mujer afirma, además, que no habría sido un caso aislado: habla de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres jóvenes que, según su versión, recibían contratos públicos a cambio de acompañar al entonces mandatario en reuniones o fiestas.

Se trata de señalamientos graves que, hasta ahora, corresponden al testimonio de Jiménez y que requieren verificación independiente. La cuestión jurídica estaría en establecer si hubo abuso de poder, tráfico de influencias, irregularidades contractuales u otras conductas sancionables.

Entre los episodios que más controversia han generado figura la afirmación de Jiménez de que Petro le solicitaba conseguirle cocaína. Según contó, él le entregaba el dinero, ella compraba la sustancia y posteriormente se la llevaba.

La entrevista también incluyó fotografías que Semana presentó como imágenes de prendas de vestir, dinero y droga que la denunciante atribuye al expresidente, además de capturas de conversaciones que aportó como respaldo de su versión.

Sin embargo, hay una salvedad fundamental: las capturas provendrían de perfiles de Facebook que Jiménez atribuye a cuentas falsas utilizadas por Petro. Los mensajes muestran consultas sobre procesos de vinculación laboral y respuestas relacionadas con posibles oportunidades de empleo, pero, de acuerdo con la información publicada por El Colombiano, no identifican directamente al expresidente como autor de esas comunicaciones.

Por tanto, la autenticidad de los perfiles, la integridad de las conversaciones y la identidad de sus interlocutores son asuntos que deberán establecerse mediante pruebas técnicas y actuaciones de las autoridades.

Jiménez justificó su decisión de hablar públicamente como una denuncia contra lo que considera un abuso de poder durante el gobierno anterior. Su relato, de confirmarse, abriría un debate sobre el uso de la contratación pública para favorecer intereses privados y sobre la eventual instrumentalización de mujeres en posiciones de vulnerabilidad.

Diez contratos bajo la lupa

Uno de los aspectos verificables de la historia es la trayectoria contractual de Jiménez con entidades estatales. Según los registros públicos revisados por El Colombiano, la mujer ha tenido al menos diez vinculaciones entre 2021 y 2026.

Sus primeros contratos fueron suscritos con el Congreso de la República en 2021, cuando prestó servicios de apoyo en recursos humanos. Uno de ellos, entre agosto y septiembre, tuvo un valor de aproximadamente $2,7 millones; otro, entre octubre y diciembre, registró pagos cercanos a $1,8 millones mensuales.

Durante 2022 volvió a trabajar con el Congreso. En septiembre de ese año, ya bajo la Presidencia de Petro, habría pasado a labores de gestión documental, con una remuneración aproximada de $3,1 millones mensuales.

En 2023 suscribió otros tres contratos con esa corporación. Jiménez aseguró en la entrevista que la entonces senadora María José Pizarro conocía que llegaba recomendada por Petro. También mencionó al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, aunque aclaró que nunca habló con él y que no cree que conociera la naturaleza de la relación que ella describe.

En 2025, su trayectoria contractual continuó en entidades del Gobierno nacional. El 11 de junio inició un contrato por $18 millones con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, destinado al apoyo en archivo y organización documental. El 29 de agosto comenzó otro con el Ministerio del Interior por $11,1 millones, para apoyar actividades de la Subdirección de Proyectos.

Ambos contratos coincidieron durante aproximadamente cuatro meses, según la información publicada. Esa simultaneidad, por sí sola, no demuestra una irregularidad: para establecer si existió alguna incompatibilidad o incumplimiento habría que examinar las obligaciones, los horarios, la ejecución efectiva y las condiciones contractuales.

El registro más reciente corresponde a un contrato con el Ministerio del Interior por $30,4 millones, suscrito el 30 de enero de 2026 y previsto hasta el 31 de diciembre del mismo año.

La suma de estos antecedentes plantea preguntas legítimas sobre los criterios de selección, las recomendaciones que pudieron intervenir y la ejecución de los servicios contratados. Pero los documentos contractuales no prueban que los nombramientos se hubieran obtenido a cambio de favores sexuales. Esa relación causal es precisamente uno de los puntos que tendría que demostrar una investigación.

Serian 48 las mujeres contratadas

El caso adquirió mayor dimensión política porque se conoció después de las declaraciones de Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien anunció denuncias relacionadas con la contratación de mujeres durante el gobierno Petro.

Ríos afirmó que alrededor de 48 mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios habrían sido instrumentalizadas. Sus declaraciones constituyen otro conjunto de señalamientos que debe verificarse y no equivalen, por sí mismas, a una conclusión judicial.

Por su parte, el Instituto Anticorrupción presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se determine la competencia de esa instancia frente a los hechos atribuidos al expresidente.

La coincidencia temporal entre estas acusaciones ha alimentado la controversia política, pero no permite concluir automáticamente que todas las situaciones denunciadas estén conectadas o respondan a un mismo mecanismo.

Tras la publicación de la entrevista, el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la Unidad Nacional de Protección activaron una ruta para evaluar las medidas necesarias para salvaguardar la vida de Jiménez. La decisión se produjo después de que la mujer manifestara temor a posibles represalias y solicitara protección al presidente Abelardo de la Espriella.

La activación de esa ruta no constituye una validación oficial de las acusaciones. Es una actuación preventiva orientada a evaluar y atender los riesgos denunciados por la mujer.

Petro, entretanto, rechazó los señalamientos y negó haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales. En un comunicado afirmó que nunca habría cometido semejante conducta y sostuvo que sus adversarios pretenden trasladar la confrontación política a su vida íntima.