Resumen
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El proyecto de vivienda tenía el objetivo de beneficiar con 644 soluciones de vivienda a familias campesinas vulnerables y víctimas del conflicto armado, quienes mediante las resoluciones 256 y 262 de 2019 recibieron un subsidio de vivienda después de participar en una convocatoria realizada por el Ministerio de Agricultura, y cuya ejecución debió realizarse en 2020, pero no se materializó porque un contratista irresponsable no ejecutó la obra, se apropió del anticipo entregado y dejó a los beneficiarios esperando.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
El caso llegó hasta los tribunales debido a que varios de los beneficiarios iniciales entablaron una acción de tutela que fue fallada en primera y segunda instancia en favor de las comunidades, laudos que ordenaron que en un plazo no mayor a dos meses el gobierno nacional debía lograr la consecución de los recursos y ejecutar los subsidios.
En su reciente pronunciamiento, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Ministerio de Agricultura y Fiduagraria amparar los derechos a la vida y vivienda digna de una familia del municipio de Galán, fallo que replica en igualdad de condiciones para los demás beneficiarios, a quienes inicialmente se les habían asignado una cuantía de 12 mil millones de pesos para la construcción de la vivienda rural.
Ahora, dichas familias tienen la esperanza de ver su techo después de años en los que Fiduagraria tuvo que reclamar el dinero a las aseguradoras del contrato y buscar nuevo ejecutor.
Para el caso de Santander, en total son 54 subsidios distribuidos en los municipios de Curití, Charalá, Galán, Rionegro, Sabana de Torres, San Gil, Simacota y Vélez, cuyas familias esperan tener casa propia antes del mes de agosto luego de que Fiduagraria anunciara que reanudó las obras el pasado mes de abril.
Debido a las demoras presentadas en el proyecto, desde la veeduría se logró la creación una mesa de seguimiento especial encabezada por la Dirección de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura, en la que participan además el Ministerio de Igualdad y Equidad, Secretaría de Vivienda de Santander, Alcaldías de los municipios beneficiados, Enlace de Víctimas y representantes de los beneficiarios, desde la que se hará monitoreo a la ejecución al proyecto.
Abren investigaciones
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra dos profesionales especializados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por las presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato del que no se cumplió el objeto de entregar hasta 644 soluciones de vivienda a los beneficiarios.
La Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que el Ministerio celebró un contrato con Fiduagraria S.A. con el objeto constituir un patrimonio autónomo para la administración y pago de un proyecto de interés social rural por más de $12 mil millones, y con el 31 de diciembre de 2018 como plazo.
El Ente de control indicó que Luz Mary Rodríguez Cifuentes y Cesar Orlando Clavijo Silva, funcionarios del Ministerio, fueron designados como supervisores del negocio jurídico sobre el que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta sostuvo que se incumplió tanto en el objeto contractual, como con la satisfacción de las necesidades en las viviendas de los beneficiarios de los subsidios correspondientes.
De igual manera, adujo que el bilateral habría sido sujeto de varias prórrogas y modificaciones, por lo que se investigará el rol que adelantaron los servidores durante su ejecución.
Con esta etapa procesal y la solicitud de pruebas que se hizo la Entidad busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
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