Corte Constitucional ordenó aislar casos de tuberculosis y garantizar el suministro de medicamentos en Santander
La Corte Constitucional declara emergencia sanitaria por brotes de tuberculosis en cárceles de Antioquia y Santander, ordenando medidas urgentes como aislamiento, ventilación adecuada, tamizajes del personal entrante y entrega de medicamentos, para salvaguardar la salud pública.
La Corte Constitucional declara emergencia sanitaria por brotes de tuberculosis en cárceles de Antioquia y Santander, ordenando medidas urgentes como aislamiento, ventilación adecuada, tamizajes del personal entrante y entrega de medicamentos, para salvaguardar la salud pública.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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La Corte Constitucional ordenó aislar casos de tuberculosis y garantizar el suministro continuo de medicamentos en Antioquia y Santander, luego de confirmar brotes en estaciones de policía y cárceles con hacinamientos que superan el 1.200 %.
El alto tribunal calificó la situación como emergencia sanitaria y exigió medidas inmediatas para proteger a la población privada de la libertad y al personal penitenciario.
En Bucaramanga la Corte detalló que la Estación Norte aloja a 152 personas en un espacio para 15, una sobrepoblación superior al 900 %, y recordó el brote de febrero de 2025 en la Cárcel Modelo que afectó a más de cien internos.
El fallo ordenó a la Alcaldía de Bucaramanga y a los municipios del área metropolitana, Floridablanca y Piedecuesta, coordinar con el Inpec y la Uspec la ejecución de un plan de choque según el Programa Nacional de Tuberculosis.
Las medidas incluyen tamizajes a todas las personas que ingresen al sistema penitenciario, establecimiento de zonas de aislamiento respiratorio con ventilación adecuada, garantía de agua potable y atención médica, y entrega supervisada de los fármacos antituberculosos.
La Corte prohibió traslados entre centros sin certificación médica que acredite ausencia de contagio, salvo transporte sanitario con protocolos de bioseguridad.
El Ministerio de Salud debe brindar asistencia técnica; la Superintendencia Nacional de Salud asumirá vigilancia reforzada.
La Corte advirtió que la protección de la salud de las personas privadas de la libertad es responsabilidad del Estado y que la negligencia administrativa no puede justificar tratos que pongan en riesgo vidas.
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