Corte Suprema deja en firme condena contra Santiago Uribe por caso de ‘Los Doce Apóstoles’

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en el marco del proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como ‘Los Doce Apóstoles’.

La decisión fue confirmada este jueves 4 de junio por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de su cuenta en X informó que el alto tribunal ratificó la sentencia emitida en segunda instancia contra su hermano.

“El doctor Jaime Granados me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia”, escribió el exmandatario.

Con esta determinación, la Sala Penal de la Corte mantuvo la pena de 28 años y tres meses de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia, que en noviembre de 2025 revocó la absolución dictada en primera instancia y encontró responsable a Santiago Uribe de participar en la estructura paramilitar que operó en el norte de Antioquia entre 1992 y 1995.

Según el fallo, el ganadero antioqueño tuvo un papel de liderazgo dentro del grupo ilegal y utilizó la hacienda La Carolina, ubicada en Yarumal, como centro de coordinación de operaciones relacionadas con acciones de denominada “limpieza social”.

La sentencia también ratificó su responsabilidad como coautor del homicidio de Camilo Barrientos Durán, conductor de transporte público asesinado en 1994.

Además de la pena privativa de la libertad, la condena contempla una multa equivalente a 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El caso de ‘Los Doce Apóstoles’ es considerado uno de los procesos judiciales más emblemáticos relacionados con el paramilitarismo en Colombia. De acuerdo con las investigaciones, esta estructura ilegal fue responsable de múltiples asesinatos en el norte de Antioquia y contó con apoyo de integrantes de la fuerza pública de la época.

Con la decisión de la Corte Suprema queda agotada la vía ordinaria de defensa y se consolida uno de los fallos más relevantes en materia de justicia transicional y esclarecimiento de hechos relacionados con el conflicto armado colombiano.