Crecen denuncias por presuntas irregularidades administrativas en la Aeronáutica Civil

Las recientes denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas y operativas en la Aeronáutica Civil de Colombia encendieron las alarmas sobre la seguridad aérea en el país, luego de que investigaciones revelaran problemas relacionados con falta de personal, incumplimiento de turnos, beneficios sindicales y posibles casos de favoritismo en la contratación de controladores aéreos.

Según información revelada por la revista Semana, la situación fue advertida por el Ministerio Público colombiano, que alertó sobre el impacto que estas fallas podrían tener en la operación aérea, especialmente en un momento de crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros.

Uno de los principales problemas identificados es el déficit de controladores aéreos. Un estudio interno realizado en 2018 recomendó contar con una planta de 799 funcionarios, pero para 2025 la entidad apenas dispone de 715 trabajadores, con 84 vacantes sin cubrir y cerca de 50 empleados que no tendrían vigentes sus certificaciones médicas o de inglés.

La situación se vuelve más delicada si se tiene en cuenta el incremento del flujo aéreo en el país. El aeropuerto Aeropuerto Internacional El Dorado pasó de movilizar cerca de 30 millones de pasajeros anuales en 2018 a más de 50 millones en la actualidad, lo que, según expertos citados por el medio, requeriría hasta 1.400 controladores para garantizar una operación segura.

Las investigaciones también revelan presuntas irregularidades en el manejo de los turnos laborales. Aunque las normas internacionales recomiendan jornadas máximas de ocho horas y en Colombia el límite quedó establecido en seis, documentos revisados por Semana indican que algunos controladores reorganizan los horarios nocturnos para trabajar únicamente cuatro horas continuas, dejando sectores operativos bajo la responsabilidad de una sola persona.

Otro punto que genera controversia es el pago de bonificaciones y sobresueldos. El Decreto 0315 de 2026 estableció una bonificación adicional del 154% para controladores asignados en Bogotá, lo que elevó algunos salarios mensuales hasta cerca de 20 millones de pesos.

Sin embargo, registros internos evidenciarían que esos beneficios también se estarían entregando a funcionarios que no cumplen directamente labores operativas, debido a acuerdos sindicales relacionados con antigüedad y fueros especiales.

Las denuncias incluyen además posibles casos de nepotismo. Según los documentos citados, al menos 70 controladores tendrían vínculos familiares dentro de cargos estratégicos en la entidad, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la asignación de turnos y horas extra.

Entre los señalamientos más delicados aparece el caso de Irina Lara, quien, de acuerdo con registros internos, habría recibido ingresos cercanos a 18 millones de pesos mensuales pese a no cumplir la totalidad de las horas laborales exigidas y no contar con certificado médico vigente.

Las investigaciones también apuntan a restricciones impulsadas desde sectores sindicales para limitar el ingreso de nuevos controladores, como topes de edad, exclusión de aspirantes provenientes de la fuerza pública y requisitos específicos de certificación.

Mientras crecen las denuncias, la situación ha generado preocupación entre expertos y usuarios del sistema aéreo, quienes advierten que el déficit de personal y las fallas operativas podrían convertirse en un riesgo para millones de pasajeros en Colombia.