Crisis moral en Gobernaciones, Alcaldías y Concejos municipales

Algunas de las administraciones municipales del departamento de Santander se han convertido en ‘Cuevas de Rolando’, donde los alcaldes se vuelven ricos de la noche a la mañana, en complicidad con los concejales y los contratistas.

Deriva esta grave situación del alto costo de las campañas electorales. En algunas administraciones municipales y entidades gubernamentales exigen a los contratistas porcentajes del diez (10%) y hasta del veinte por ciento (20%) para los funcionarios encargados del trámite oficial. De nada sirven las Contralorías departamentales y municipales, donde los Diputados y los Concejales hacen fiestas con  el presupuesto oficial. 

Todo se compra y todo se vende en este país, donde las personas que llegan a los cargos de elección popular se corrompen, con la presión que ejercen los proveedores y contratistas.

La nueva Constitución Nacional de 1991 dejó abiertas las ventanas de la picaresca contratista, que ha hecho metástasis en el anterior gobierno del expresidente Gustavo Petro, en medio de la infinita corrupción.

¡Muchos Alcaldes municipales rompen los principios éticos para apoderarse de las finanzas públicas, como ha ocurrido en varios municipios de Santander!

El mal ejemplo de la rama ejecutiva del poder público ha contaminado a las presentes y nuevas generaciones, que exigen elevados porcentajes económicos de los contratos de las obras públicas, donde los alcaldes se vuelven ricos de la noche a la mañana.

Las coaliciones políticas se organizan al interior del Congreso de la República, de las Asambleas departamentales y de los Concejos municipales donde, en la mayoría de los casos, exigen cuotas en dinero efectivo en porcentajes impresionantes.

Hay municipios de Santander donde se compran las curules de los concejales, diputados y parlamentarios que reclaman escandalosos porcentajes de los presupuestos oficiales.

Las inversiones programadas por la nación, los departamentos y los municipios se quedan enredadas en las oficinas palaciegas de funcionarios corruptos, que deberían ser condenados a cadena perpetua en las cárceles que prepara el nuevo gobierno del Presidente Abelardo de la Espriella.

Ha habido casos, donde funcionarios de la fiscalía general de la República les han puesto precio a los canales de la corrupción oficial y participan de los ‘dividendos’ que genera el ejercicio del poder.

En reciente publicación de la Revista Semana aparecieron, de cuerpo entero, ocho (8) congresistas que se robaron los presupuestos oficiales, para comprar haciendas, fincas de recreo, vehículos de alta gama, combinando la corrupción con funcionarios públicos que también exigen y reciben altos porcentajes en dinero o en especie, como ocurrió con el saqueo a la Empresa Colombiana de Petróleos, que durante cuatro (4) años estuvo en manos de bandidos de la industria petrolera oficial.

El año entrante tendremos elecciones regionales para escoger los nuevos Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y miembros de las juntas administradoras locales.

Debería existir en la Constitución Nacional y en las leyes de la República el denominado ‘Periodo Sabático’, para conjurar la corrupción que está causando enorme daño a la democracia colombiana.