Crítico hacinamiento carcelario local
Bucaramanga enfrenta un hacinamiento extremo en estaciones de Policía, con cientos de detenidos en espacios diseñados para pocos cupos y riesgos para la seguridad y la dignidad.
Bucaramanga enfrenta un hacinamiento extremo en estaciones de Policía, con cientos de detenidos en espacios diseñados para pocos cupos y riesgos para la seguridad y la dignidad.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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A pocos días de la posesión del nuevo presidente de los colombianos, Abelardo de la Espriella, el tema de la seguridad sigue siendo uno de los principales problemas al que debe darse prioridad, como es el caso de Santander y específicamente su capital Bucaramanga, donde pese a que la Policía Metropolitana -Mebuc- entregue un reporte con caídas del 18% en hurto a personas y del 15% en hurto a comercio, aplicando los operativos continuos denominados “avispa” o Plan Escudo, se evidencia la crisis por la que atraviesa el Área Metropolitana de Bucaramanga en estaciones de Policía, con un crítico hacinamiento del 695% de sobrecupo.
Por: Jorge E. Solís
Es indiscutible que las estaciones de Policía no fueron concebidas como cárceles, sino para resolver un problema transitorio durante unas horas o pocos días. El problema no es solo para el gran número de detenidos, también para quienes los custodian, quienes fueron formados para prevenir el delito, no para administrar cárceles.
Las celdas construidas para albergar a 10 personas están atestadas con 70, vulnerando los derechos humanos e incitando a todo tipo de rencillas e intentos de fuga, siendo responsabilidad del Estado garantizar unas condiciones mínimas de dignidad por encontrarse bajo su cuidado.
En estas condiciones se presentan todo tipo de dificultades como las sanitarias, al no tener el acceso adecuado a los servicios básicos, con problemas de higiene y la propagación de enfermedades.
No existe un sistema que garantice la salida de acusados que ya fueron condenados, como es el caso de 68 de ellos que aún permanecen en las estaciones de Policía, por lo que insisten en la necesidad de articular entre la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario, el INPEC y demás entidades competentes, agilizando los traslados de personas condenadas, recuperando la capacidad operativa en estos centros transitorios.
Está la necesidad de construir nuevas cárceles y centros de atención transitoria, pero existe la prioridad de acelerar los procesos judiciales con un plan que permita la inmediata ubicación del acusado según sea su delito, evitando convertir las estaciones de Policía en cárceles permanentes.
La Defensoría del Pueblo dice que casi 700 personas permanecen recluidas en estaciones de Policía diseñadas para apenas 68 cupos, lo que implica riesgos para detenidos y uniformados. Solo la Estación Norte tiene recluidas a 168 personas que representa un hacinamiento cercano al 1.000%
Solo se pide al nuevo Gobierno hacer un empalme con las autoridades competentes que permitan adoptar soluciones estructurales que brinden garantías de seguridad jurídica, dando salida a la crisis de hacinamiento marcado que hoy enfrenta no solo nuestra ciudad sino el departamento en general, un fenómeno que se viene extendiendo en todo el territorio nacional.