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Cuatro demandas ponen otra vez en jaque la Alcaldía de Concepción

Eduar Abril Borrero enfrenta cuatro demandas de nulidad electoral por presuntas inhabilidades y doble militancia, mientras el Tribunal Administrativo de Santander negó suspender provisionalmente su elección.

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El mandatario, que regresó al poder tras ganar las elecciones atípicas de abril, enfrenta una nueva batalla jurídica. Aunque el Tribunal Administrativo de Santander rechazó suspender provisionalmente su elección, ya son cuatro las acciones que buscan anular su mandato por presuntas inhabilidades y doble militancia.

 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Solo algunas semanas después de recuperar la Alcaldía mediante una contundente victoria en las elecciones atípicas del pasado 19 de abril de 2026, Eduar Abril Borrero, el mandatario en ejercicio, enfrenta cuatro demandas de nulidad electoral que buscan sacarlo nuevamente del cargo.

Las acciones judiciales fueron promovidas por José Rodolfo Mateus Rotta, Erick Ricardo Hoyos López, Roberto Alberto Ardila Cañas, reconocido abogado santandereano y exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Santander, y Edgar Solier Millares Escamilla, quienes sostienen que la elección del mandatario estaría afectada por presuntas causales de doble militancia e inhabilidad.

Según los demandantes, Abril Borrero no podía aspirar nuevamente a la Alcaldía debido a que ejerció previamente como alcalde y ordenador del gasto dentro del período que, a su juicio, le impedía postularse otra vez al cargo.

En una de las demandas ya admitidas, el Tribunal Administrativo de Santander decidió negar la solicitud de suspensión provisional de la elección, lo que significa que Eduar Abril Borrero continuará ejerciendo como alcalde mientras avanza el proceso judicial.

En su análisis, los magistrados consideraron que los argumentos relacionados con la presunta doble militancia y la eventual inhabilidad requieren un estudio probatorio y jurídico de fondo que no puede resolverse mediante una medida cautelar.

Por esa razón, determinaron que será la sentencia definitiva la que establezca si la elección del mandatario se ajustó o no al ordenamiento jurídico.

Para sustentar esta decisión, el Tribunal acogió el precedente fijado por el Consejo de Estado en un proceso de características similares relacionado con el municipio de Oiba, en el que también se discutían presuntas causales de nulidad electoral.

El caso tiene un ingrediente que hace aún más complejo el panorama político del municipio. Abril Borrero regresó a la Alcaldía después de que el Consejo de Estado anulara su elección obtenida en los comicios territoriales de 2023, al concluir que había incurrido en doble militancia. Ese fallo obligó a convocar elecciones atípicas para escoger un nuevo alcalde y, contra todo pronóstico, el dirigente conservador volvió a presentarse como candidato.

El resultado fue contundente. Con el 100 % de las mesas escrutadas, Abril obtuvo 2.168 votos, equivalentes al 68,54 % de la votación, mientras que su principal contendor, Edgar Ortiz Hernández, del Centro Democrático, alcanzó 912 sufragios, correspondientes al 29,51 %.

 La jornada electoral registró además 32 votos en blanco, 23 votos nulos y cinco tarjetas no marcadas, para un total de 3.090 votos depositados.

 

Cuatro procesos, un mismo desenlace por definir

Aunque el Tribunal permitió que el alcalde continúe al frente de la administración municipal, las cuatro demandas siguen su curso y deberán ser resueltas por la jurisdicción contencioso administrativa.

Los procesos coinciden en cuestionar la legalidad de la inscripción y elección del mandatario, por lo que el desenlace podría definir nuevamente el futuro político de Concepción.

Mientras tanto, Abril Borrero continuará ejerciendo sus funciones y enfrentará el reto de gobernar bajo la sombra de un nuevo litigio electoral que podría desembocar, una vez más, en la pérdida de su investidura como alcalde.

Así, el municipio vuelve a vivir un escenario de incertidumbre institucional, con un mandatario elegido mayoritariamente por las urnas, pero cuya permanencia dependerá ahora de lo que decidan los jueces administrativos en los próximos meses.