El proceso de delimitación del Páramo de Santurbán vuelve a quedar en el centro de la controversia. El veedor ciudadano Ramiro Vásquez Giraldo, en representación de organizaciones sociales y veedurías de Bucaramanga que aseguran reunir a más de 3.000 ciudadanos, rechazó enérgicamente la convocatoria del Ministerio de Ambiente para avanzar en la delimitación del ecosistema a pocas semanas de concluir el actual Gobierno Nacional.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En un pronunciamiento público, la veeduría cuestionó que la administración saliente pretenda acelerar un proceso que, según sus integrantes, permaneció sin resultados durante más de cuatro años y que ahora busca definirse "a última hora", desconociendo los principios de participación ciudadana establecidos por la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional.

Los ciudadanos también sostienen que la convocatoria vulneraría las garantías de transparencia y acceso a la información contempladas en el *Acuerdo de Escazú*, al considerar que no existen las condiciones para una participación amplia y equilibrada de todos los sectores involucrados.

Además, calificaron la iniciativa como una estrategia con tintes políticos, al afirmar que el Ministerio de Ambiente pretende dejar "amarrada" una decisión de alto impacto para Santander antes del cambio de gobierno, desconociendo procesos de concertación adelantados previamente con las comunidades.

Como señal de protesta, las organizaciones anunciaron que no asistirán a las mesas de socialización convocadas por el Gobierno Nacional, al considerar que se trata de un proceso "amañado y politizado" que no ofrece garantías de imparcialidad.

Finalmente, Ramiro Vásquez Giraldo solicitó suspender el proceso de delimitación y dejar que sea el gobierno entrante el encargado de retomarlo, con un nuevo espacio de concertación que, según la veeduría, garantice participación efectiva, transparencia y respeto por los derechos de todas las comunidades del territorio.

El pronunciamiento se suma a las voces críticas que cuestionan que un tema de tanta trascendencia ambiental, social y económica para Santander pretenda resolverse en los últimos días del mandato presidencial, luego de varios años de retrasos e incumplimientos en el cronograma de delimitación.