Cuatro generales serán juzgados por la JEP por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad: los investigan por 442 falsos positivos

Por liderar la política de facto de “conteo de cuerpos" en la jurisdicción bajo su mando,  y desatar el patrón macrocriminal en el que por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como falsas bajas en combate por los militares en el departamento de Antioquia, la JEP imputó responsabilidad penal a los generales (r) Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria por crímenes de guerra y de lesa humanidad de homicidio y desaparición forzada.

Las conductas criminales ocurrieron mientras estos altos oficiales ejercían como comandantes, y en el caso de Piza Gaviria como Oficial de Operaciones, de la Brigada IV del Ejército Nacional entre 2004 y 2007.

De acuerdo con lo que lograron determinar los investigadores de la JEP, el objetivo de la política de facto de “conteo de cuerpos" era sumar la mayor cantidad posible de bajas “en combate", privilegiando el cuerpo del supuesto enemigo caído en combate como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimando las capturas como resultados problemáticos que no conducían a la victoria militar.

Este objetivo se conseguía a través de presiones y amenazas a las tropas, así como de premios e incentivos a quienes reportaran más muertos, promoviendo una competencia feroz por ocupar los primeros lugares en las estadísticas oficiales, sin importar la especialidad de la unidad militar de que se tratara, ni que las guerrillas ya hubieran sido derrotadas estratégicamente o replegadas fuera de la jurisdicción de la Brigada IV y los grupos paramilitares ya se hubieran desmovilizado.

Junto a los generales fueron imputados otros 35 oficiales y suboficiales por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en los crímenes.

Se trata de integrantes de seis batallones de la IV Brigada: Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 'General Pedro Nel Ospina' (BIOSP), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 (AFEUR 5), Batallón de Infantería No. 10 'Coronel Atanasio Girardot' (BIGIR), Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (GMJCO) y Batallón de Infantería No. 32 'General Pedro Justo Berrio' (BIPEB).

Así se ejecutaron las conductas

Por medio de la contrastación de todo el acervo probatorio del caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, ocurrieron por lo menos 270 hechos con 442 víctimas. De este total, 434 fueron asesinadas y ocho sobrevivieron.

Asimismo, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas. Todo esto con el propósito de presentar sus cuerpos como falsas bajas en combate y poder responder así satisfactoriamente a la presión ejercida por los altos mandos de la Brigada IV y de las distintas unidades militares, preservar su carrera militar y obtener prestigio y beneficios.

La evidencia judicial demuestra que, con sus órdenes, lineamientos y directrices y sus mensajes cotidianos a las tropas en sus programas de radio, los generales (r) condicionaron la conducta criminal de sus subalternos y propiciaron la creación de asociaciones criminales dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando.

Estos grupos adoptaron la práctica sistemática de asesinar civiles indefensos, ajenos al conflicto armado colombiano. Asimismo, la JEP documentó casos de combatientes de grupos armados que, tras rendirse o quedar fuera de combate por ser capturados o heridos, fueron ejecutados y presentados como bajas en combate, infringiendo el derecho internacional humanitario (DIH).

EL general Montoya

En agosto de 2023, a través del Auto 062, la JEP ya había determinado que el comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional para los años 2002 y 2003, el general Mario Montoya Uribe, puso en marcha en la jurisdicción bajo su mando la misma política de facto de conteo de cuerpos y por ello le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad al general Montoya y a otros 8 oficiales y suboficiales del BAJES. El general optó por la vía adversarial y fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, al igual que el coronel Iván Darío Pineda Recuero. Los otros 7 oficiales y suboficiales imputados, incluido un coronel, reconocieron su responsabilidad y se aprestan para la Audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

Todos estos hallazgos confirman lo ya encontrado por esta Sala en sus seis ADHC anteriores, a propósito de la investigación a profundidad adelantada en cinco de los seis territorios críticos -Norte de Santander, Costa Caribe, Casanare, Huila y Dabeiba y el Oriente en Antioquia.

Siguiendo el discurso de los Generales, el Oficial de Operaciones de la IV Brigada, Juan Carlos Piza Gaviria ordenaba diariamente: “tenemos que por lo menos completar las 30 bajas este mes"; “a la fecha 25 de julio llevamos solamente 241 bajas. Si seguimos con esa tónica de tres bajas diarias, al término del mes lograremos completar por lo menos 20 bajas"; “nos quedan 48 horas para aumentar los resultados. Por lo menos completar los mismos del año pasado. Faltan 8 bajas para completar 30"; “en este momento se llevan 264 bajas en la brigada, en este mes el año pasado se llevaban 46 bajas y hasta el momento llevamos 16, lo que quiere decir que estadísticamente estamos lejos, entonces tenemos que presionar a todas las unidades para que arrojen resultados"; “a la fecha llevamos 270 bajas el año pasado para esta fecha llevábamos 283, este mes necesitamos hacer más de 46 bajas, si todas las unidades hacen de a dos bajas lograremos nuestro propósito y mucho más"; “estamos a 23 de agosto y llevamos 26 bajas necesitamos completar 46 bajas este mes entonces se requiere que las unidades reorienten las misiones tácticas".

La política de conteo de cuerpos que encontró probada la Sala al interior de la Brigada IV, es una política de facto, es decir que no fue consignada formalmente en una ley, decreto o documento oficial de planeación, sino que fue puesta en marcha por los comandantes militares, de manera muy efectiva, en los teatros de operaciones militares. Esta política no está consignada ni surge del documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, ni del Plan Patriota, ni del Manual de Estado Mayor 3-50. De hecho, es contraria a lo previsto expresamente en estos documentos oficiales.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Las personas asesinadas fueron en su mayoría hombres jóvenes (413 de las 442 víctimas), 19 mujeres (15 de ellas asesinadas en el Oriente antioqueño) y, del total, 26 eran niños y niñas. La mayoría de las víctimas eran campesinos, habitantes de barrios populares de Medellín y su área metropolitana y personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Entre estos últimos encontramos personas desempleadas, trabajadores informales y estacionales, conocidos en zonas rurales como andariegos, vendedores ambulantes, recicladores, trabajadoras sexuales, habitantes de calle, consumidores de estupefacientes y personas con discapacidades físicas y mentales. Pero también encontramos estudiantes de secundaria, técnicos, universitarios y profesionales.

Así como en los años 2002 y 2003, en el periodo 2004-2007, el Oriente antioqueño, con 182 casos, continuó siendo la región más afectada. Sin embargo, durante esos años se consolidaron otros dos nodos del patrón criminal: el Valle de Aburrá, con 122 'falsos positivos', y el norte de Antioquia, con 62 víctimas. La Sala también documentó 37 casos en el Suroeste, 35 en el Occidente y 2 en el Bajo Cauca.

Daños a las familias y comunidades

Escuchando a las víctimas, la JEP determinó los daños causados por los crímenes. Los familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas sufrieron graves consecuencias en su salud física y mental (depresión, trastornos de ansiedad y esquizofrenia, entre otras). Enfrentaron amenazas, desplazamientos forzados, estigma, revictimización y una serie de barreras para acceder a la justicia. Además, sufrieron al ver que el buen nombre y la identidad de sus seres queridos fueron denigrados.

Las familias sufrieron graves daños en su patrimonio, ya que muchas de las víctimas eran los principales proveedores económicos. Además, tuvieron que destinar recursos a la búsqueda de los desaparecidos y a los trámites y procesos para lograr justicia. Los niños y niñas fueron especialmente afectados, pues perdieron sus figuras de protección y tuvieron que interrumpir sus estudios y el curso normal de la vida.

Como la inmensa mayoría de las personas asesinadas fueron hombres, las mujeres experimentaron un impacto particular. Como madres, compañeras, esposas, hijas y hermanas de los asesinados tuvieron que enfrentar las pérdidas y asumir cargas adicionales al convertirse en proveedoras económicas, y al mismo tiempo ejercer sus tareas de cuidado. Fueron las principales encargadas de la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, comprometiendo sus propios proyectos de vida y asumieron la responsabilidad de cuidar a los huérfanos (nietos, sobrinos, hermanos, primos) en condiciones de luto y dolor profundo.

Los asesinatos y desapariciones forzadas también causaron daños en las comunidades, profundizando en muchos casos la estigmatización y exclusión de ciertos grupos familiares. El uso de guías e informantes de la misma comunidad —en algunos casos forzados— por parte de la fuerza pública, generaron desconfianza y afectaron las relaciones de proximidad y solidaridad entre los habitantes.

¿Qué sigue?

Una vez notificados, los 41 imputados disponen de 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. También pueden presentar argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para hacer observaciones sobre lo determinado en esta decisión judicial.

Si los comparecientes aceptan los cargos, la JEP convocará una audiencia pública en la que reconocerán su responsabilidad y aportarán verdad ante el país y con la participación activa de las víctimas. Después de esto, si la Sala de Reconocimiento de Verdad concluye que han reconocido efectivamente su responsabilidad y proporcionado verdad "plena, detallada y exhaustiva", los remitirá, mediante una Resolución de Conclusiones, al Tribunal Especial para la Paz. Allí la Sección de Reconocimiento de Verdad terminará de definir su situación jurídica. Antes de determinar las labores, obras y actividades que deberán cumplir como parte de su sanción, la cual será monitoreada y verificada, esta instancia del tribunal se asegura de que la sentencia garantice los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales.

Los comparecientes también podrán rechazar su responsabilidad y optar por la vía adversarial. En dicho caso serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, para que esta decida si los acusa ante el Tribunal para la Paz. Después de un juicio con todas las garantías, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.