Culpan a una santandereana de convertir el ambiente laboral de la Unidad de Víctimas en un infierno

SEMANA destapó un explosivo escándalo en la Unidad para las Víctimas: denuncias de acoso laboral, persecución interna e incluso intentos de suicidio salpican a la santandereana Alix Aguilar Tirado, quien negó categóricamente las acusaciones. Aseguró que nunca ha acosado a sus subalternos y sostuvo que, por el contrario, denunció penalmente a dos contratistas por presuntos delitos como concierto para delinquir, amenazas, injuria y calumnia. La funcionaria también rechazó irregularidades en el trámite de pagos y afirmó que las actuaciones de la entidad se ajustaron a los requisitos legales.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La revista de circulación nacional reveló una de las investigaciones más delicadas y perturbadoras que han sacudido en los últimos años a la Unidad para las Víctimas. Según la publicación del medio capitalino, cinco denuncias formales por presunto acoso laboral comprometen gravemente a la directora encargada de la entidad, la santandereana Alix Aguilar Tirado, una funcionaria oriunda de Barrancabermeja cuyo ascenso en el Gobierno nacional estaría rodeado de cuestionamientos políticos y de señalamientos sobre un estilo de dirección marcado por el temor, la intimidación y la retaliación.

La investigación de la revista documenta testimonios estremecedores de funcionarios y contratistas que describen un ambiente laboral asfixiante, donde las jornadas extenuantes, las amenazas veladas, los retrasos en pagos y las presiones políticas habrían deteriorado la salud mental de varios trabajadores. Uno de los casos más alarmantes, de acuerdo con el reportaje, corresponde al de un contratista que aseguró ante la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo que intentó quitarse la vida en repetidas ocasiones como consecuencia del acoso y la presión ejercida desde la dirección de la entidad.

El poder tras bambalinas

La investigación de SEMANA también pone bajo la lupa al senador santandereano Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, a quien diversas fuentes citadas por la revista señalan como el verdadero poder detrás de la Unidad para las Víctimas.

Según el medio, en los círculos de la Casa de Nariño Alix Aguilar Tirado es reconocida como la “ahijada política” del congresista. SEMANA sostiene que el respaldo del senador a las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro habría sido recompensado con el control de esta estratégica entidad, encargada de administrar millonarios recursos y de atender a millones de víctimas del conflicto armado.

La revista plantea una pregunta profundamente inquietante para la democracia colombiana: ¿cómo una entidad creada para reparar a las víctimas terminó convertida, según múltiples testimonios, en un engranaje de cuotas burocráticas y de favores políticos?

SEMANA relata que Alix Aguilar Tirado trabajó durante aproximadamente 25 años en Barrancabermeja, desempeñándose como psicóloga y en otras actividades profesionales. Posteriormente fue nombrada directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas y, en 2026, el presidente Gustavo Petro la designó como directora encargada de toda la entidad.

El ascenso de la funcionaria, sin embargo, no estuvo acompañado de tranquilidad institucional. Por el contrario, las denuncias recopiladas por SEMANA

 indican que las conductas cuestionadas ya se habrían presentado desde su paso por la Dirección de Asuntos Étnicos y se habrían profundizado al asumir la jefatura nacional.

“Una oportunidad laboral convertida en un martirio”

Uno de los testimonios más dramáticos fue entregado por Felipe Ramírez, exasistente de la funcionaria. En declaraciones citadas por SEMANA

 y presentadas ante la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Trabajo, el contratista describió un escenario de sobrecarga laboral extrema. “Generó una sobrecarga laboral extrema. Para cumplir con las tareas, debía continuar trabajando fuera del horario laboral, incluso en horas nocturnas, fines de semana y madrugadas”.

El mismo testigo relató que el agotamiento físico, emocional y psicológico llegó a niveles devastadores. “Nos persiguió vulnerando nuestros derechos humanos, hasta el punto de que, en varias ocasiones, intenté suicidarme ante la presión de los problemas, sintiendo que no quería seguir viviendo y que la vida había perdido sentido. Lo que comenzó como una oportunidad laboral se convirtió en un martirio”.

La revelación publicada por SEMANA trasciende cualquier controversia administrativa. Si estos hechos son corroborados por las autoridades, el país estaría frente a un episodio de extrema gravedad en el que el ejercicio del poder habría tenido consecuencias devastadoras sobre la salud mental de los trabajadores.

La revista SEMANA también dio a conocer el testimonio de una exfuncionaria identificada con el nombre reservado de Ligia Soto, quien renunció en abril de 2026. En su carta de dimisión, citada por la publicación, dejó constancia de una denuncia contundente: “Las razones que me llevan a tomar esta decisión son la vulneración sistemática por parte de usted y de la doctora Sandra Moreno Parra a mis derechos fundamentales, como al trabajo en un entorno libre de violencia y en condiciones dignas, a la dignidad humana, a la salud y al acoso laboral del que he sido víctima”.

En otra declaración enviada a la Procuraduría, la exfuncionaria relató un episodio ocurrido en marzo de 2026: “Llovieron los agravios y las ignominias para todos los abogados, degradándolos como personas, seres humanos, adultos mayores y profesionales”. Y añadió una frase que retrata el nivel de humillación denunciado: “Era mejor contratar a técnicos o bachilleres que podían hacer mejor el trabajo que nosotros los profesionales en derecho”.

La investigación de SEMANA incluye capturas de conversaciones de WhatsApp en las que, presuntamente, Aguilar Tirado convocó a contratistas a participar en actividades institucionales y en marchas políticas. Uno de los mensajes citados por el medio advertía:

“A los contratistas se les tendrá en cuenta como evidencia de la cuenta de cobro del mes de abril”. En otro mensaje, según SEMANA, la directora habría transmitido la instrucción de asistir a las movilizaciones del 1 de mayo promovidas por el Gobierno: “Es obligatorio mañana acudir a las marchas del 1 de mayo. Mañana, por favor, todos envían sus evidencias de asistencia”.

De confirmarse estos hechos, la utilización de contratistas para respaldar actividades políticas representaría una práctica abiertamente cuestionable, incompatible con los principios de neutralidad y autonomía que deben regir la administración pública.

SEMANA señala que dos contratistas afirmaron ante la Procuraduría que sus cuentas de cobro habrían sido retenidas porque se sospechaba que estaban entregando información a medios de comunicación sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción. Uno de ellos aseguró: “Me dijo que no podía seguir hablando con ellos o no me renovarían el contrato”.

La denuncia describe un patrón de aislamiento y silenciamiento que, de comprobarse, revelaría una estructura interna orientada a sofocar cualquier intento de control ciudadano o periodístico.