De oficina a central de acoso: la paradoja que construyó exdirector del BIF en Floridablanca

Este viernes la Procuraduría informó que comprobó que Julio César González García utilizó su posición de poder y superioridad jerárquica para acosar reiteradamente a una funcionaria, mediante comentarios, expresiones e insinuaciones sexuales no consentidas.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Lo que durante varios años fue objeto de denuncias, investigaciones y actuaciones disciplinarias terminó esta semana con una sanción que le cierra, al menos durante los próximos 12 años, las puertas del servicio público a Julio César González García, exdirector del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF) luego de que la Procuraduría General de la Nación lo destituyó y lo inhabilitó por 12 años tras encontrarlo responsable de acosar reiteradamente a una funcionaria de la entidad.

De acuerdo con el fallo disciplinario de primera instancia, González García se aprovechó de su condición de superior jerárquico para someter a una subordinada a expresiones e insinuaciones de contenido sexual que no contaban con su consentimiento. Los comportamientos fueron considerados incompatibles con los deberes de respeto, rectitud y moralidad que deben observar quienes ejercen funciones públicas.

La decisión del Ministerio Público no se limita a reprochar comentarios inapropiados en un ambiente laboral. El organismo de control encontró que el exdirectivo utilizó la autoridad que le confería su cargo para desplegar conductas reiteradas contra una trabajadora, desconociendo su dignidad y los límites que deben existir en cualquier relación profesional.

Según la información divulgada por la Procuraduría, los episodios investigados ocurrieron entre 2020 y 2021, cuando González García se desempeñaba como secretario general y administrativo del Banco Inmobiliario de Floridablanca y posteriormente asumió responsabilidades directivas en la misma institución.

La denunciante señaló que el entonces funcionario utilizaba expresiones obscenas, denigrantes y morbosas para dirigirse a ella. La Procuraduría consideró que esos comportamientos pudieron afectar su integridad moral, su libertad sexual y su dignidad humana, además de repercutir en sus entornos laboral, familiar y social.

Las primeras noticias públicas del caso aparecieron en enero de 2023, cuando se conoció que la Personería de Floridablanca había abierto una investigación disciplinaria contra el entonces director del BIF, a partir de una queja presentada por una trabajadora de la entidad.

En ese momento, la personera municipal, María Margarita Serrano, confirmó que la denuncia había llegado a finales de 2022 y que las actuaciones disciplinarias se habían iniciado en enero de 2023. La investigación también involucraba a otra funcionaria por presuntos hechos de acoso laboral.

El asunto adquirió mayor relevancia cuando la Procuraduría decidió ejercer su poder preferente y asumir directamente el expediente. Mediante una actuación del 27 de febrero de 2023, la Viceprocuraduría dispuso que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga se encargara de la investigación, decisión que se materializó con la remisión del expediente que adelantaba la Personería de Floridablanca.

Con el fallo conocido el 13 de noviembre de 2026, el expediente avanzó de la etapa de investigación a una decisión sancionatoria de primera instancia. La Procuraduría determinó que el comportamiento del exdirectivo constituyó una vulneración del principio de moralidad administrativa.

La sanción contempla dos consecuencias: la destitución del exfuncionario y una inhabilidad general durante 12 años para ejercer cargos o funciones públicas. Es importante precisar que se trata de una decisión de primera instancia, por lo que no debe presentarse como un fallo definitivamente ejecutoriado mientras no se conozca el resultado de los recursos que legalmente procedan.

Uno de los aspectos más relevantes del pronunciamiento es el reconocimiento de la relación de poder que existía entre el entonces directivo y la trabajadora. La autoridad jerárquica dentro de una entidad pública implica responsabilidades adicionales, no privilegios para imponer comportamientos personales o sexuales a quienes dependen laboralmente de un superior.

En este caso, la Procuraduría consideró que González García desconoció precisamente esos límites y utilizó su posición de autoridad para acosar a una subordinada mediante manifestaciones que ella no había consentido.