De villano a diplomático: Alfonso Plazas Vega será embajador de Colombia en Perú

El coronel retirado, figura controvertida por los hechos del Palacio de Justicia de 1985, fue designado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para asumir la representación diplomática en Lima. Reemplaza la postulación inicial de su esposa, la exsenadora Thania Vega, y tendrá entre sus retos recomponer las relaciones bilaterales y afrontar las diferencias limítrofes por la isla Santa Rosa.

De protagonista de uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Colombia a representante diplomático del país en el exterior. El coronel retirado Alfonso Plazas Vega fue designado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella como nuevo embajador de Colombia en Perú, una decisión que vuelve a poner en primer plano su controvertida trayectoria militar y el debate que rodea la actuación de las Fuerzas Armadas durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

El nombramiento supone un cambio frente a la decisión inicial del Ejecutivo, que había promovido a la exsenadora del Centro Democrático Thania Vega, esposa del oficial retirado, para ocupar esa representación diplomática. Según la información divulgada, el Gobierno modificó su elección y optó por Plazas Vega para encabezar la misión colombiana en Lima.

Su designación tiene una carga política e histórica evidente. Durante décadas, el nombre del militar ha estado ligado a las operaciones de recuperación del Palacio de Justicia, ocupado por la guerrilla del M-19 los días 6 y 7 de noviembre de 1985. La tragedia dejó decenas de muertos y desaparecidos, entre ellos magistrados, empleados judiciales, visitantes y miembros de la fuerza pública.

Palacio de Justicia: una historia que sigue generando controversia

Plazas Vega fue uno de los oficiales que participaron en la operación militar para recuperar el edificio. Su actuación quedó en el centro de una prolongada controversia judicial y política por las desapariciones forzadas ocurridas durante y después de la retoma.

En 2015, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de la condena que había recibido por su presunta responsabilidad en las desapariciones de personas que salieron con vida del Palacio de Justicia. La decisión judicial modificó el desenlace de uno de los procesos más emblemáticos relacionados con aquellos acontecimientos.

Sin embargo, la absolución de Plazas Vega no cerró el debate histórico ni eliminó las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la retoma. Las responsabilidades por las desapariciones y las circunstancias en que murieron distintas víctimas han continuado bajo escrutinio judicial y de organismos de derechos humanos.

El coronel retirado ha defendido reiteradamente la actuación de la fuerza pública y rechazado las acusaciones en su contra. Su posición contrasta con la de familiares de las víctimas y organizaciones que han exigido verdad, justicia y esclarecimiento de lo sucedido.

Por ello, su llegada a un cargo diplomático de alto nivel probablemente reavivará discusiones sobre la relación entre la trayectoria de los funcionarios públicos, las decisiones judiciales y la representación internacional del Estado colombiano.

La información divulgada sobre una supuesta absolución en Estados Unidos relacionada con la muerte del exmagistrado auxiliar Carlos Horacio Urán requiere, además, una precisión documental independiente antes de presentarse como un hecho judicial confirmado. La situación jurídica de Plazas Vega debe diferenciarse de las decisiones adoptadas en otros procesos y de las responsabilidades establecidas respecto de los crímenes del Palacio de Justicia.

Una misión diplomática en medio de relaciones difíciles

Más allá de la controversia que acompaña al designado embajador, su misión tendrá una dimensión estratégica. Colombia y Perú comparten una extensa frontera amazónica, vínculos comerciales y desafíos comunes en materia de seguridad, movilidad fronteriza, protección ambiental y lucha contra las economías ilegales.

Las relaciones bilaterales sufrieron un deterioro durante el gobierno de Gustavo Petro, especialmente después de que el mandatario colombiano cuestionara la destitución del entonces presidente peruano Pedro Castillo, ocurrida en diciembre de 2022 tras su intento de disolver el Congreso y reorganizar los poderes del Estado.

La crisis diplomática se profundizó en 2023, cuando el Gobierno peruano retiró a su embajador en Colombia. Petro respondió con una medida equivalente, reduciendo el nivel de representación diplomática entre los dos países.

La recomposición de los canales institucionales se convirtió desde entonces en una tarea pendiente. La llegada de un nuevo embajador deberá contribuir a normalizar el diálogo político, fortalecer la cooperación y evitar que las diferencias ideológicas interfieran en los asuntos de interés común.

La isla Santa Rosa, otro desafío para Lima

Uno de los asuntos más sensibles de la agenda bilateral es la controversia territorial alrededor de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, frente a la zona de Leticia y próxima a la ciudad peruana de Caballococha.

La disputa está relacionada con la evolución geográfica del río y con la interpretación de los instrumentos que delimitan la frontera entre ambos países, en particular el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

El surgimiento y la configuración de nuevas formaciones insulares en el Amazonas han generado diferencias sobre la jurisdicción y la administración territorial. En consecuencia, el asunto exige diálogo técnico, coordinación entre las autoridades fronterizas y respeto por los mecanismos diplomáticos previstos para resolver controversias.

El nuevo embajador tendrá que contribuir a mantener abiertos esos canales de comunicación en un escenario donde la soberanía territorial constituye un asunto de alta sensibilidad para los dos Estados.