Resumen
La justicia colombiana confirmó el proceso de extinción de dominio a los bienes de la excongresista Aida Merlano, actualmente condenada por delitos electorales. Estos incluyen propiedades en Barranquilla y Bogotá, adquiridas presuntamente con recursos ilícitos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Una sentencia reveladora hizo eco en los corredores de justicia de Colombia, al dictaminarse la confirmación del proceso de extinción de dominio a una serie de bienes pertenecientes a la excongresista Aida Merlano, quien cumple condena por delitos electorales. La resolución fue adoptada por una juez del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, sellando así el destino de los activos ligados a la polémica figura política.
Los bienes en cuestión, que incluyen cinco apartamentos y una residencia en Barranquilla, así como cuatro apartamentos en Bogotá, se encontraban inicialmente a nombre de Merlano. Sin embargo, se alega que la excongresista intentó encubrir su propiedad transfiriéndolos a ESAID S.A.S., una firma donde sus hijos, Aida Victoria y Esteban, figuran como socios. Esta maniobra fue puesta al descubierto durante las investigaciones del notorio caso denominado 'Casa Blanca', por el que Merlano fue juzgada y condenada.
El abogado de Merlano argumentó insistentemente en contra del decomiso, afirmando que "no se ha demostrado que los bienes fueran adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas". No obstante, la juez encargada del caso contrarrestó esta posición, indicando que la adecuada plataforma para debatir tales reclamos es a lo largo del propio juicio en extinción de dominio. "Es en el desarrollo del juicio, donde se suscita esa clase de controversia probatoria y los afectados explican y exhiben las herramientas que le permitirán al togado de conocimiento, arribar a un determinado grado de compresión para decidir sobre la legitimidad en la adquisición de los diversos bienes", se aclara en la decisión judicial.
De este modo, la jueza ha decretado que el procedimiento de incautación se ha realizado de forma acorde a la ley colombiana, manteniendo los bienes bajo control del Estado y fortaleciendo el precedente contra la corrupción y el fraude electoral en el país.
