Declaración de bienes de Abelardo de la Espriella genera cuestionamientos por inconsistencias y falta de trazabilidad

La más reciente declaración de bienes y rentas del presidente Abelardo de la Espriella quedó en el centro de la controversia luego de que especialistas en asuntos tributarios y transparencia advirtieran posibles inconsistencias entre la información reportada ante la Dian y Función Pública.

El documento, correspondiente al año gravable 2024, registra un patrimonio bruto de $10.595 millones, pero presenta vacíos en varios de los apartados destinados a identificar el origen de los recursos, los bienes, las inversiones y las sociedades vinculadas al mandatario.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la cifra de $10.272 millones, que aparece en la declaración de Función Pública dentro del concepto de “otros ingresos y rentas”. Sin embargo, en la declaración de renta esa misma suma figura asociada a inversiones e instrumentos financieros.

Expertos cuestionan diferencia entre ingresos y patrimonio

Según las fuentes consultadas por El Colombiano, existiría una confusión entre los conceptos de ingresos y patrimonio. Mientras la declaración de bienes registra los más de $10.000 millones como “otros ingresos”, en la declaración de renta los ingresos reportados serían de $87,8 millones.

Los especialistas señalaron que esta diferencia dificulta establecer con precisión de dónde provienen los recursos que conforman el patrimonio del mandatario.

La declaración tampoco discrimina ingresos por salarios, arrendamientos u honorarios, pues estos campos aparecen sin valores y únicamente se registra el concepto de “otros ingresos y rentas”.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la ausencia de información detallada sobre los activos que componen el patrimonio. Aunque el documento reporta propiedades por $297,1 millones, no especifica cuáles son los inmuebles ni su ubicación.

En el apartado correspondiente a empresas y sociedades, además, De la Espriella habría señalado que no es socio de ninguna compañía y no reportó inversiones en Colombia ni en el exterior.

Esta información generó cuestionamientos debido a que públicamente ha aparecido relacionado con diferentes emprendimientos y sociedades, entre ellas De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S., Ron Defensor, Cosenza, De la Espriella Style y el restaurante Místico, en Miami.

También hay dudas sobre cuentas y soportes

La declaración presentada ante Función Pública registra una cuenta de ahorros en Colombia con saldo de cero pesos al cierre de 2024. Tampoco aparecen reportados fideicomisos, otras cuentas o instrumentos financieros que permitan explicar de manera detallada el movimiento y origen de los recursos.

En efectivo se reportan $25,9 millones, mientras que el patrimonio bruto asciende a los mencionados $10.595 millones. Para los especialistas consultados, la ausencia de un desglose más preciso dificulta determinar cómo se estructura ese patrimonio.

Una de las explicaciones planteadas por las fuentes apunta a que una persona con actividades empresariales y sociedades puede recibir ingresos a través de sus compañías, mientras estas asumen directamente determinados gastos personales. Bajo ese esquema, los recursos no necesariamente aparecerían como ingresos personales en la misma proporción.

Sin embargo, los expertos consideran que la declaración debe permitir establecer con claridad la naturaleza y procedencia de los recursos reportados.

El caso también generó atención por el estado del trámite. La declaración del mandatario aparece como finalizada y no en revisión, una situación que, según las fuentes citadas, resulta llamativa frente a los procesos de verificación que pueden enfrentar las declaraciones de personas expuestas políticamente.

Hasta ahora, los cuestionamientos se concentran en la forma en que fueron diligenciados los documentos y en la falta de información que permita establecer con precisión la composición del patrimonio presidencial. La controversia no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidad penal o tributaria, pero sí abrió un debate sobre la transparencia y trazabilidad de la información entregada por el jefe de Estado.