¿Delimitación a las patadas? Esta es la estrategia de Petro para dejar amarrado el futuro de Santurbán

La expedición de una nueva metodología para la delimitación progresiva de los páramos reactivó uno de los conflictos socioambientales más complejos del país. Mientras el Ministerio de Ambiente asegura que cumple las órdenes de la Corte Constitucional y fortalece la protección del agua para más de 2,5 millones de personas, organizaciones sociales, campesinas y mineras de Soto Norte sostienen que el Gobierno está tomando decisiones apresuradas, sin participación suficiente y desconociendo criterios que el propio Ministerio había expuesto años atrás.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Cuando al Gobierno del presidente Gustavo Petro le restan menos de tres semanas para concluir su mandato, el Ministerio de Ambiente volvió a colocar el páramo de Santurbán en el centro del debate nacional. La expedición de la Resolución 863 de 2026, mediante la cual se adopta una metodología de delimitación progresiva para los páramos del país, abrió un nuevo capítulo en una controversia jurídica, ambiental, económica y social que completa casi una década sin una solución definitiva.

La cartera ambiental sostiene que la nueva metodología permitirá avanzar en aquellos municipios donde el proceso participativo ya culminó, sin esperar a que los demás territorios concluyan las etapas de concertación ordenadas por la Corte Constitucional. Según el Ministerio, se trata de una herramienta que evita seguir aplazando decisiones necesarias para proteger ecosistemas estratégicos y garantizar el abastecimiento de agua para millones de colombianos.

Como primera aplicación de esa metodología fue publicado para comentarios ciudadanos el proyecto de delimitación progresiva del complejo de páramos Jurisdicciones, Santurbán y Berlín, junto con otras dos resoluciones complementarias: la creación de una reserva permanente en la microcuenca de La Baja, en California (Santander), y la prórroga de la reserva temporal vigente mientras culminan los estudios científicos.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, defendió la decisión asegurando que la prioridad del Estado continúa siendo la protección del recurso hídrico. "La mayor responsabilidad que tenemos como Estado es proteger el agua. Cuidar la estrella hídrica de Santurbán significa proteger el abastecimiento de agua para más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. El agua no es de derecha ni de izquierda; el agua es de todos, y protegerla es un deber legal del Estado."

La resolución establece que la delimitación progresiva abarcaría inicialmente 29.199 hectáreas distribuidas en 19 municipios donde ya se habrían concertado los seis temas definidos como ineludibles por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional. Paralelamente, incorpora otros nueve municipios beneficiarios del sistema hídrico con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y la protección ambiental. Sin embargo, el anuncio produjo una reacción inmediata en Soto Norte.

Delimitación a la carrera

Organizaciones sociales, comunales y asociaciones de pequeños mineros consideran que el Gobierno está intentando cerrar uno de los procesos ambientales más sensibles del país cuando restan apenas unos días para finalizar su administración. Su principal cuestionamiento apunta precisamente a la figura de la "delimitación progresiva".

Los líderes comunitarios sostienen que el propio Ministerio de Ambiente habría manifestado ante el Tribunal Administrativo de Santander, en actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la Sentencia T-361, que una delimitación parcial no era jurídicamente procedente mientras no concluyera el proceso participativo integral con los municipios involucrados.

Con base en esa interpretación, consideran contradictorio que ahora el Ministerio impulse exactamente ese mecanismo como solución. Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y vocera de organizaciones sociales de Soto Norte, lanzó fuertes cuestionamientos contra las nuevas resoluciones.

"Estamos muy preocupados pues con estas tres resoluciones, el Gobierno del presidente Gustavo Petro prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Todos los pequeños mineros que queremos ser formales, al igual que los titulares mineros legales, vamos a ser desplazados para dejarle el territorio a la ilegalidad. Los pequeños mineros no somos delincuentes; somos víctimas de un complot politiquero."

Las organizaciones aseguran que la delimitación progresiva incumpliría el alcance de la Sentencia T-361 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional dejó sin efectos la delimitación realizada en 2014 precisamente porque no garantizó una participación amplia y efectiva de las comunidades potencialmente afectadas. En esa decisión, el alto tribunal ordenó desarrollar un nuevo procedimiento con participación ciudadana suficiente antes de expedir una nueva delimitación.

El segundo punto de controversia gira alrededor de la creación de una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre cerca de 1.500 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en jurisdicción del municipio de California.

Mientras el Ministerio explica que la medida cuenta con respaldo técnico del Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM y otras entidades científicas, y que permitirá proteger uno de los sistemas hídricos estratégicos del macizo, las organizaciones mineras sostienen que la propuesta fue elaborada sin una participación efectiva de quienes viven en el territorio y que podría afectar una actividad minera con varios siglos de tradición en la región.

Los líderes comunitarios argumentan que California ha desarrollado históricamente minería legal por fuera del ecosistema de páramo y advierten que nuevas restricciones podrían terminar desplazando a quienes intentan formalizarse, mientras la minería ilegal permanece en zonas de difícil control estatal.

La tercera resolución tampoco ha pasado inadvertida. El Ministerio propone actualizar y extender hasta marzo de 2029 la zona de reserva temporal creada años atrás, ampliándola hasta superar las 75.400 hectáreas, mientras concluyen los estudios técnicos, ambientales, económicos y sociales.

Para el Gobierno, la medida garantiza que no se adopten decisiones definitivas sin suficiente información científica. Para las organizaciones sociales, en cambio, significa prolongar la incertidumbre económica de municipios cuya actividad depende históricamente de la minería.

Gobierno saliente y entrante disputan futuro de Santurbán

Los dirigentes comunitarios consideran que el Ministerio reactivó el proceso cuando faltan menos de veinte días para finalizar el actual Gobierno y apenas un día después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la realización de nuevos estudios técnicos internacionales sobre Santurbán.

En ese contexto, las organizaciones anunciaron que preparan acciones jurídicas contra los funcionarios responsables por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones, afirmaciones que hasta el momento corresponden a denuncias anunciadas por esos sectores y que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

La tensión también aumentó después de que circularan videos de una jornada de participación convocada por el Ministerio de Ambiente, en los cuales organizaciones de Soto Norte denuncian agresiones contra pequeños mineros y campesinos que asistían al encuentro. Según estos colectivos, los hechos demostrarían que actualmente no existen garantías suficientes para desarrollar una concertación amplia y libre de presiones.

Desde el Ministerio, sin embargo, la posición oficial continúa siendo que la metodología precisamente busca materializar los avances ya construidos durante cerca de ocho años de concertación, sin suspender los procesos pendientes en los demás municipios y manteniendo intactos los estándares de protección ambiental exigidos por la Corte Constitucional.

La historia de Santurbán ha demostrado que el conflicto nunca ha sido exclusivamente ambiental. Allí convergen la protección del agua que abastece a Bucaramanga, su área metropolitana y municipios de Norte de Santander; la permanencia de comunidades campesinas y mineras con varios siglos de arraigo; los intereses económicos alrededor de la explotación de minerales; y las exigencias constitucionales de participación ciudadana.