Demandado desde Santander el Estatuto de Seguridad emitido por De la Espriella

Una demanda presentada desde Santander ante el Consejo de Estado busca frenar provisionalmente disposiciones del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, expedido por el Presidente Abelardo de la Espriella y el Ministerio del Interior, que modifican las condiciones para intervenir o disolver manifestaciones en Colombia.

La acción judicial fue radicada por Hernán Alberto Morantes Avendaño, abogado y representante legal de Derecho Vivo Comunidad Legal, quien cuestiona apartes que, según sus argumentos, podrían restringir el derecho constitucional a la protesta pacífica.

Uno de los puntos centrales corresponde al artículo 30C, que establece criterios para determinar cuándo la obstrucción grave y prolongada de una vía justificaría la disolución de una concentración.

Entre los factores figuran las afectaciones económicas y la importancia de la carretera bloqueada. Morantes advirtió que estas disposiciones permitirían intervenciones oficiales sin que exista necesariamente violencia.

Además, sostuvo que las limitaciones al derecho de reunión deben regularse mediante una ley estatutaria, conforme al artículo 37 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional.

La demanda también cuestiona las condiciones para dar por agotados los diálogos ante la escasez de alimentos, agua, combustible o medicamentos, así como el plazo de consulta pública del proyecto, entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

El demandante aclaró que no solicita anular todo el decreto, sino revisar apartes específicos. Ahora, el Consejo de Estado deberá determinar si concede la suspensión provisional. Hasta entonces, las disposiciones cuestionadas continúan vigentes.