Demandan ante el Consejo de Estado decreto que modifica retención en la fuente en 2025

El Decreto 0572, expedido por el Gobierno Nacional para modificar el esquema de retención en la fuente en Colombia, enfrenta su primera demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. La norma, que adelanta la aplicación de cambios tributarios previstos para 2026 al año en curso, fue justificada por el Ejecutivo como una medida urgente para aliviar los problemas de caja de la administración central.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Para el demandante Carlos Javier Parra, el decreto incurre en una grave violación del principio de legalidad tributaria, al modificar elementos esenciales del sistema impositivo sin pasar por el Congreso de la República.

“El Decreto 0572 de 2025 infringe directamente los artículos 150 numeral 12, 189 numeral 11 y 338 de la Constitución, que establecen que solo el Congreso puede crear tributos y definir su base gravable, tarifas y sujetos pasivos”, señala el documento presentado ante el alto tribunal.

Parra también argumenta que la norma afecta el principio de progresividad del sistema tributario, al imponer una carga regresiva que impacta de forma negativa a la clase media, empleados formales, emprendedores y pequeños empresarios. A su juicio, la anticipación en el cobro del impuesto mediante retención reduce el ingreso disponible de estos grupos y les genera una carga económica injusta.

La demanda solicita además la adopción de una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos del decreto mientras se resuelve su legalidad. El Consejo de Estado deberá estudiar la admisibilidad de la demanda y decidir si procede o no la suspensión del decreto mientras se avanza en el análisis de fondo.

Otro golpe al sector minero

La Asociación Colombiana de Minería manifestó su profunda preocupación por las consecuencias que traerá el Decreto 0572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda el día de ayer, el cual establece un incremento en la tarifa de autorretención en la fuente hasta el 4,5% para múltiples actividades económicas, incluyendo sectores estratégicos como el carbón y la industria del oro.

“Nos sorprende que se adopten medidas de esta magnitud sin un análisis técnico riguroso del contexto actual de las industrias afectadas. Esta decisión no solo golpea la competitividad del sector minero, sino que amenaza con debilitar el tejido empresarial nacional en un momento económico complejo para el país”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

En el caso del carbón térmico, los fundamentos del Decreto resultan especialmente preocupantes. Solo en lo corrido de este año, el precio internacional ha caído un 11% frente a 2024, mientras que los costos operativos como mano de obra, energía y transporte, continúan al alza. Esta situación ha llevado a que muchas empresas proyecten pérdidas operativas al cierre del año, agravadas además por la creación reciente del impuesto al carbón por medio del Decreto 175 de 2025, que ya ha deteriorado los márgenes financieros del sector.

Por su parte, en la industria del oro, la medida representa una nueva barrera para la formalización de pequeños y medianos productores, en un momento en que el país debería estar impulsando decididamente la minería legal y responsable, como herramienta efectiva para combatir la extracción ilícita de minerales y dinamizar el desarrollo regional.

“El déficit fiscal del país no puede resolverse debilitando los sectores que generan empleo formal, inversión y desarrollo en las regiones. Este tipo de decisiones puede terminar generando el efecto contrario: frenar la inversión extranjera, promover la ilegalidad y comprometer la estabilidad económica del país”, agregó Nariño.

Desde la ACM hicieron un llamado al Gobierno Nacional para revisar este Decreto con responsabilidad y sentido técnico, adoptando decisiones que protejan el aparato productivo colombiano.