Denuncian graves consecuencias por el mercado de carbono en algunas regiones del país

En la Cámara de Representantes se llevó a cabo la audiencia pública sobre la reglamentación e implementación de los proyectos de bonos de carbono en Colombia, también conocidos como proyectos REDD+, de los cuales hay más de 100 en ejecución, principalmente en la Amazonía y el Pacífico colombiano.

Las denuncias se conocieron en una audiencia pública citada por algunos representantes, preocupados por la implementación de estos proyectos de alternativa ambiental.

La convocatoria estuvo a cargo de los congresistas, Martha Alfonso, Robert Daza y Andrés Cancimance, con el objetivo de analizar los impactos y la falta de regulación de estos proyectos en los territorios, ya que, a pesar de la expansión de este mecanismo, el Ministerio de Ambiente no tiene control sobre estos proyectos ni información suficiente sobre su impacto real, según un informe de la Contraloría General de la República.

En la audiencia participaron comunidades indígenas, campesinas y académicas que denunciaron las graves consecuencias de estos proyectos. Las quejas incluyeron la imposición de contratos injustos, el desconocimiento de la consulta previa, la especulación con la tierra y la injerencia de actores externos en el negocio del carbono.

Diego Mojomboy, taita del resguardo indígena de San Andrés en Putumayo, señaló que el proyecto REDD+ en su territorio fue formulado sin participación de la comunidad y en condiciones desfavorables: "Lo que prometía ser una esperanza de conservación se convirtió en una triste encrucijada".

Por su parte el representante del partido Pacto Histórico, Andrés Cancimance López, destacó la falta de garantías en estos proyectos y la urgencia de una regulación efectiva e indicó que, “la reducción de emisiones y la conservación de nuestros ecosistemas son objetivos inaplazables, pero deben ser alcanzados con mecanismos que garanticen la justicia ambiental, la participación efectiva de las comunidades y un respeto irrestricto a los derechos territoriales de los campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes”, y agregó que aún no hay claridad en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de los mercados de carbono lo que pone en duda la credibilidad y la confianza por parte de las comunidades.

Finalmente, los participantes de la audiencia exigieron una regulación clara, la protección de los derechos territoriales y la garantía de consulta previa antes de implementar cualquier proyecto.