Desde Bucaramanga MinJusticia anuncio persecución a los provocadores de incendios
MinJusticia anunció que quienes provoquen incendios deliberadamente deberán responder ante la ley, con sanciones más severas si afectan bosques o zonas protegidas.
MinJusticia anunció que quienes provoquen incendios deliberadamente deberán responder ante la ley, con sanciones más severas si afectan bosques o zonas protegidas.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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El ministro de Justicia Iván Cancino González indicó durante su fugaz visita a la ciudad de Bucaramanga que provocar incendios de manera deliberada constituye una conducta que puede derivar en graves consecuencias penales, especialmente cuando pone en riesgo la vida de las personas, las comunidades, los bosques, los ecosistemas y las áreas de especial importancia ambiental.
Cancino González insistió en que la legislación colombiana contempla sanciones para el delito de incendio y prevé penas más severas cuando las afectaciones recaen sobre recursos naturales, bosques o zonas protegidas. En casos de daños masivos o de gran impacto ambiental, las autoridades competentes podrán evaluar la posible configuración de otros delitos contra el ambiente, incluido el ecocidio.
El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, fue enfático al señalar que quienes provoquen incendios de manera intencional deberán responder ante las autoridades competentes.
El Gobierno nacional denunciará cualquier conducta que pueda constituir delito y apoyará las acciones necesarias para identificar, investigar y judicializar a los responsables.
"Una cosa es enfrentar emergencias ocasionadas por causas naturales o accidentales y otra muy distinta es provocar incendios de manera deliberada. Frente a estos hechos no puede existir tolerancia ni impunidad", señaló el jefe de la cartera de Justicia.
Proteger los bosques, los recursos naturales y las comunidades es proteger la vida. Por ello, el Estado actuará con toda la firmeza de la ley frente a cualquier acción que atente contra el patrimonio ambiental de los colombianos.
