Desmedidos abusos del amb

Los servicios públicos en Colombia son un azote permanente para la población en general, que se ve expuesta a los constantes abusos en los cobros mensuales no justificados que el usuario en la mayoría de los casos termina pagando, a fin de evitar los cortes o incurrir en trámites engorrosos que generarían aún mayores gastos.  Esto les permite a estas empresas prestadoras de servicios públicos obtener millonarios ingresos de manera anómala, sin que los entes encargados de la protección al usuario hagan algo para evitarlo, solo se encargan de recibir denuncias de un porcentaje muy bajo, que se someten a un estudio.

En este caso en particular nos referimos al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga -amb-, que cuenta con la Ley 142 del 11 de julio de 1994 en la que se establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, norma que desconoce el usuario en su gran mayoría, al igual que el personal que atiende los reclamos el cual debiera estar capacitado para brindar un información idónea, impidiendo conocer a que instancia puede recurrir el usuario para solucionar el problema, razón por la cual el afectado termina pagando lo injusto.

Todas las empresas prestadoras de servicios públicos cuentan con un sofisticado departamento jurídico que defiende a capa y espada los reclamos presentados con o sin razón.  En la mayoría de los casos, el Derecho de Petición que se presenta en primera instancia haciendo el reclamo respectivo, es negado, sometiendo al usuario a interponer un Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación, el cual debe responderse en 5 días después de recibir la carta de negación.  Y es en esta instancia donde la mayoría de los usuarios pierden sus reclamos, por no contestar en el tiempo establecido, sometiéndose al pago.

Es tan bueno este negocio por el desconocimiento de las normas por parte del usuario, que las filas de reclamo son más largas que las de pago normal. El amb, por un ‘beneficio social’, dijo que había que hacer la “modernización del parque de medidores, pues muchos de ellos tenían más de 20 años y que más que un requisito técnico, es un compromiso ineludible con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático”.  Esto ‘Suena bonito’, pero los entes de control denunciaron “presuntos hechos de corrupción” por la compra de 150.000 medidores, donde primero los compraron y luego hicieron el estudio.

Como no pasó nada, vinieron los cambios de medidores, donde los abusos -entre otros- por esta labor pululan, sin dar aviso al usuario del cambio, ni informar que tipo de medidor se va a instalar, lo mismo que su valor, si se financia o se paga de contado.  Cuando llega el recibo ya viene financiado a 12 meses, sometidos a pagar un “gota a gota”.  Los valores de los contadores estaban a febrero de 2025, en $231.973 para medidor Volumétrico y $350.271 para medidor de velocidad.  Lo increíble es que con la financiación se termina pagando $500.000 o más, e incluso si se paga de contado le cobran la financiación.

Si los entes de control, encargados de ejercer una vigilancia efectiva sobre los derechos de los usuarios en servicios públicos no opera, a ¿quién debemos dirigirnos?