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Duro reclamo a un colegio que no protegió a estudiantes de bullying sistemático: pidió a MinEducación intervenir

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Resumen

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La Sala Sexta de Revisión amparó los derechos a la educación, a la vida libre de violencias, a la integridad física y mental, a la salud y al debido proceso de dos niñas, presuntamente víctimas de acoso escolar, bullying y maltrato en su entorno educativo.

La madre de las niñas solicitó el amparo, toda vez que la institución educativa no adoptó las políticas o protocolos de prevención temprana para la detección e inmediata atención de casos de acoso escolar. Los jueces de instancia declararon improcedente la tutela, al considerar que la demandante podía acudir a otros medios judiciales de protección.

La Sala revocó las decisiones y amparó los derechos al considerar que las entidades accionadas no activaron el protocolo de prevención correspondiente, por lo que incumplieron sus deberes de garantizar la protección de las menores de edad.

La Corte señaló que, si bien el artículo 31 de la Ley 1620 de 2013 dispone que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar comienza con la identificación de situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, en el caso concreto, el Comité de Convivencia Escolar de la Institución Educativa donde estudiaban las niñas no dio inicio a la ruta, al considerar que no existían pruebas de acoso escolar hacia ellas.

La Sala reiteró su jurisprudencia sobre el derecho a la educación y el deber de las instituciones de asegurar el cuidado, respeto y protección de la integridad de los menores. Indicó que la Ley 1620 de 2013 dispone que el acoso escolar es una conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, por lo que las instituciones están llamadas a mitigarla y prevenirla.

En el caso concreto, la Sala evidenció que la institución educativa no respondió diligente ni activamente a los indicios y pruebas que ameritaban iniciar las investigaciones por los actos de presunto acoso escolar que padecían las niñas, y no aseguró la aplicación de la ruta y sus componentes con el fin de protegerlas. En consecuencia, le ordenó adelantar la indagación correspondiente por las conductas cometidas en contra de las menores de edad.

Si bien en el caso concreto los hechos que generaron la vulneración de los derechos de las niñas no eran atribuibles al Ministerio de Educación, este sí era competente para definir los lineamientos y orientaciones en el uso de indicadores de convivencia escolar que visibilizaran los problemas y potencializaran la toma de decisiones. En consecuencia, la Corte le exhortó a adoptar protocolos concretos para el desarrollo de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia, que permita abordar situaciones relacionadas con acoso, violencia física o psicológica en el entorno escolar.

En materia de salud, la Sala observó que, si bien la EPS accionada garantizó la atención en salud y otorgó los servicios requeridos por una de las niñas, no ejerció su competencia de manera integral, conforme al principio de corresponsabilidad que impone el artículo 23 de la Ley 1620 de 2013. Esta norma establece el deber de conformar equipos de trabajo, junto con las instituciones educativas, para la atención de este tipo de prácticas nocivas de la convivencia escolar. Para garantizar una adecuada articulación institucional, la Corte instó al Ministerio de Salud para que, en su carácter de coordinador del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se encargue de garantizar que las entidades prestadoras de salud, en el marco de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, sean el enlace con el personal especializado de los establecimientos educativos, y asegure que, ante los casos en que se afecte la salud de los menores de edad, como consecuencia de conductas de acoso escolar, se conformen equipos por parte de las EPS y el establecimiento educativo para acompañar a aquellos estudiantes que han sido víctimas así como a sus victimarios y realicen la labor de trabajo social que se requiera con sus familias.

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