Duro reproche de la Contraloría por baja ejecución de recursos en los páramos

La Contraloría General de la República vigila el cumplimiento de las funciones e inversiones de las entidades responsables de la protección de los páramos y en el año 2022 desarrolló la Auditoría de Cumplimiento “Seguimiento a la gestión integral de páramos en Colombia en cumplimiento de la Ley 1930 de 2018”.

Un análisis efectuado por la Contraloría Delegada de Medio Ambiente sobre la inversión de las CAR en los ecosistemas de páramo dejó muy mal parada a la gestión que realizan las autoridades ambientales con jurisdicción en Santander, como la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, por sus ejecutorias en el páramo de Santurbán y Berlín, y la Corporación Autónoma de Santander por sus ejecutorias en el páramo del Almorzadero.

La auditoría la efectuó el organismo de control fiscal teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 1930 del 2018, la cual impuso a las autoridades ambientales el deber de destinar recursos en sus instrumentos de planeación para los páramos, así como la destinación de manera prioritaria de un porcentaje de las tasas de uso de agua y de las transferencias del sector eléctrico,

El panorama de la baja ejecución de recursos en estos ecosistemas no sería exclusivamente de Santander, pues según información reportada por las 24 Corporaciones Autónomas Regionales. con jurisdicción en ecosistemas de páramos en Colombia, se pudo establecer que durante el periodo de 2019 a junio de 2023 estas entidades invirtieron apenas, $107.483 millones equivalentes a sólo 1,2% de la inversión total comprometida por ellas, para el mismo periodo.

La situación es preocupante para el máximo organismo de control fiscal en el país si se tiene en cuenta que las Corporaciones Autónomas Regionales apropiaron recursos para inversión cercanos a $3,1 billones de pesos; de los cuales comprometieron $2,7 billones y ejecutaron poco más de $1,5 billones, lo que equivale a una ejecución del 57%, datos que se encuentran en el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente- IERNA 2022, el cual entregó la CGR al Congreso.

“Esta cifra resulta alarmante si se tienen en cuenta las necesidades que tienen los territorios en materia ambiental, las cuales deben ser atendidas por esas Entidades”, indicó al respecto el Contralor.

Delimitaciones tardías

El informe citado también reportó que, a diciembre de 2021, de los 37 ecosistemas de páramo existentes 32 contaban con delimitación en firme, 1 había sido declarado área protegida, al tiempo que para 4 complejos de páramos las resoluciones de delimitación habían sido derogadas por las Altas Cortes debido a la ausencia de garantía del derecho a la participación y otros derechos de los habitantes. Esto, específicamente en los páramos Santurbán-Berlín, Almorzadero, Pisba y Cruz Verde-Sumapaz.

Al respecto, preocupa a la Contraloría que, pasados más de 5 años de cumplido el término otorgado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-361 de 2017 para emitir la nueva resolución de delimitación del Páramo Santurbán – Berlín, este proceso aún no presenta cumplimiento de esta orden.

“Esto denota un incumplimiento por parte del Ministerio a la formulación de una política pública para la intervención integral de los complejos de páramo, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, que, sumado al incumplimiento en la formulación de los planes de manejo ambiental por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio, arroja un panorama poco alentador”, indicó el Contralor Carlos Mario Zuluaga.

De acuerdo con el organismo de control, se evidenció ineficiencia en el manejo de los recursos de este fondo por parte del Ministerio, derivándose retrasos recurrentes en la aprobación y desarrollo de los proyectos de inversión y consecuentemente bajos niveles de ejecución presupuestal; impidiendo que los recursos lleguen oportunamente a las CAR de menores ingresos, con jurisdicción sobre territorios que contradictoriamente registran los más altos índices de pobreza y mayores desafíos ambientales, en tanto albergan ecosistemas frágiles, de gran importancia ecológica.

Falta una Política Pública sobre

Gestión Integral de los Páramos

Según el Vicecontralor en funciones de Contralor General, de los aspectos observados y compartidos en este Foro, se deriva la inexistencia de una Política Pública sobre la Gestión Integral de los Páramos en Colombia que defina y delimite responsabilidades, que integre y alinee interinstitucional e intersectorialmente competencias, decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos, tanto en el orden territorial como nacional, así como la participación de los particulares y sociedad civil en lo que corresponda. La sola expedición de la Ley 1930 de 2018 no reemplaza los elementos integradores y esenciales de una política pública”,

Lo anterior ha generado dispersión en la asunción de competencias administrativas, como en el manejo de los recursos haciendo difusas las responsabilidades en el impostergable esfuerzo de protección y conservación de los páramos; al tiempo que es clara la inexistencia de un sistema o mecanismo que centralice información de proyectos de inversión ejecutados por las entidades del sector, dificultando el seguimiento y monitoreo tanto financiero como físico de las actividades de preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento sobre los ecosistemas de páramos, agregó.