El ajuste que nadie quiere firmar

Por: Felipe Rodríguez

La primera gran reforma económica del gobierno de Abelardo De la Espriella llegó al Congreso con una paradoja incómoda. El presidente radicó un proyecto que sube el IVA a la canasta y obliga a declarar renta a más clase media, y fueron voces de su propia orilla las primeras en rechazarlo. El gesto es comprensible, pero esquiva lo esencial, la aritmética fiscal no atiende lealtades de partido.

Conviene mirar los números antes que los discursos. Colombia cerró 2025 con un déficit de 6,4% del PIB, el segundo más alto del siglo sin contar la pandemia, y una deuda bruta que a comienzos de 2026 rozaba el 65% del producto. En abril, S&P le retiró el grado de inversión y la dejó en una nota que no veía desde 1993. La regla fiscal, el mecanismo que debía contener el gasto, lleva suspendida varios años y solo vuelve a regir en 2027. Ese es el escritorio que heredó este gobierno: no una hoja en blanco, sino una cuenta vencida.

En ese contexto, discutir si ajustar o no ajustar es un lujo que el país ya no tiene. Cada punto de deuda adicional encarece el crédito que pagan el Estado y, detrás, las empresas y los hogares. Cuando, según cálculos del propio Gobierno, de cada tres pesos recaudados en impuestos uno se va en pagar deuda, el margen para educación, salud o vías se estrecha solo. El ajuste no es una bandera ideológica, es la condición para que el presupuesto siga financiando lo que la gente espera de él.

Nada de esto convierte el proyecto en intocable. Que el ajuste sea necesario no decide quién debe pagarlo, y ahí la propuesta tiene puntos legítimamente discutibles. Gravar con 19% alimentos que hoy pagan una tarifa reducida, como el café o los aceites, golpea con más fuerza a los hogares de menores ingresos, aun con la devolución de IVA que el Gobierno ofrece como compensación. Esas tensiones merecen debate riguroso, no veto automático ni respaldo ciego.

El contraargumento más serio no es que sobren impuestos, sino que el gasto debería recortarse más antes de pedirle otra vez al contribuyente. Es un punto razonable, y el propio proyecto lo reconoce al incluir austeridad y fusión de entidades. Pero conviene no engañarse; nueve de cada diez pesos del presupuesto son legalmente inflexibles, de modo que la tijera sola no cierra una brecha de esta magnitud. Recorte y recaudo tendrán que ir juntos.

De ahí que el verdadero riesgo no sea aprobar una reforma imperfecta, sino no aprobar ninguna a tiempo. El proyecto tiene 106 artículos y la legislatura cierra el 16 de diciembre; es improbable que alcance. Si el Congreso lo usa para posar de defensor del bolsillo sin ofrecer una ruta alternativa, no habrá protegido a nadie; habrá aplazado la factura y encarecido su cobro.

La pregunta que el país debería hacerle a cada congresista no es si está a favor o en contra de más impuestos. Es más simple y dura, si no es este ajuste, ¿cuál, y quién lo paga?