El crédito mas caro es el que uno termina pagando en la cárcel, como el alcalde de Villanueva

El alcalde José Luis Gómez Mancilla y el concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga fueron enviados a prisión preventiva por una investigación que señala un supuesto ofrecimiento de dinero a dos cabildantes para conseguir la aprobación de un empréstito. La Fiscalía habla de una comisión del 2 % y de pagos que habrían llegado hasta los $30 millones. Las defensas cuestionan las pruebas y ambos procesados rechazan los cargos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Lo que debía ser una discusión sobre cómo financiar la pavimentación de calles en Villanueva, municipio de la provincia de Guanentá, terminó convertido en un escándalo judicial que compromete al alcalde y a un integrante del Concejo Municipal. José Luis Gómez Mancilla y el concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga fueron enviados a prisión preventiva, luego de que la Fiscalía los vinculara a una investigación por el presunto ofrecimiento de dinero a otros integrantes de la corporación para conseguir su respaldo a un proyecto de empréstito.

La decisión judicial se conoció después de varias jornadas de audiencias. La investigación apunta a establecer si se intentó comprar el voto de dos concejales para sacar adelante una operación de crédito destinada a financiar obras viales en dos barrios de la localidad.

El caso tiene un elemento especialmente delicado: según la hipótesis de los investigadores, el supuesto pago no habría sido una suma aislada, sino una comisión calculada sobre el valor del préstamo que se pretendía contratar con una entidad financiera.

La captura de los dos funcionarios se produjo seis días antes, el martes 20 de octubre. El alcalde fue detenido en Bucaramanga por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, mientras que Pineda Vesga fue capturado en Villanueva, en cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

En ese momento no se habían divulgado los detalles de los señalamientos. La información conocida durante las audiencias posteriores permitió reconstruir el origen del expediente y las circunstancias que condujeron a la decisión de privar de la libertad a los investigados.

El crédito que desató la controversia

El origen del caso se remonta a la iniciativa de la administración municipal para conseguir recursos con los cuales financiar la pavimentación de vías urbanas, particularmente en los barrios Cristo Rey y Nelson Gómez Quintero.

La propuesta buscaba autorización del Concejo para tramitar un empréstito bancario. Las cifras publicadas durante la controversia presentan diferencias entre las distintas etapas del proyecto: los reportes periodísticos iniciales mencionaron una operación de $2.726 millones, mientras que otras publicaciones posteriores, al reseñar la imputación, hablaron de $2.225 millones.

La diferencia debe aclararse con el proyecto de acuerdo y los documentos financieros oficiales. En cualquier caso, se trataba de una operación de endeudamiento municipal que requería el respaldo de la corporación para continuar su trámite.

El antecedente inmediato se encuentra en noviembre de 2025, cuando una iniciativa anterior para obtener financiación por aproximadamente $2.500 millones no consiguió los votos necesarios y terminó archivada, según la reconstrucción divulgada por Caracol Radio.

La propuesta volvió a generar controversia en 2026. En esta oportunidad, el proyecto identificado en los reportes iniciales como el Acuerdo o Proyecto de Acuerdo 019 de 2026 pretendía obtener financiación para las obras viales.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el plazo previsto para el crédito era de diez años. La operación contemplaba intereses estimados en $1.921 millones, lo que elevaría el costo total a unos $4.647 millones si se tomaba como referencia un capital de $2.726 millones.

Esos valores corresponden a la información divulgada sobre la propuesta y no deben confundirse con una obligación financiera finalmente contratada. La iniciativa fue archivada durante su estudio en las comisiones conjuntas de Presupuesto y Plan de Desarrollo del Concejo.

El fracaso de la propuesta abrió un nuevo capítulo en las relaciones entre la Alcaldía y algunos concejales. La pregunta que ahora intenta responder la Fiscalía es si, en medio de esa disputa por la aprobación del crédito, se ofrecieron beneficios económicos para inclinar la votación.

Una supuesta oferta de $25 a $30 millones

La investigación se apoya en los señalamientos de dos concejales, Ángel Miguel Chaparro Vargas y Eliseo Morales León, quienes habrían sido contactados para que respaldaran el proyecto de financiación.

Según la información revelada por Caracol Radio y otros medios regionales, el 5 de julio de 2026 el concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga habría sostenido una conversación con Morales León en un establecimiento comercial de la plaza de mercado de Villanueva.

En ese encuentro, según la hipótesis de la Fiscalía, se habría planteado un ofrecimiento económico de entre $25 millones y $30 millones a cambio de un voto favorable a la iniciativa.

El 16 de julio se habría producido otra conversación entre ambos en el mismo lugar. Durante las audiencias, la defensa del alcalde hizo referencia a expresiones sobre que el dinero y la gestión ya estarían listos, así como a una invitación posterior a almorzar con un ingeniero.

Sin embargo, el significado de esas expresiones es objeto de controversia. Los abogados de los procesados cuestionaron que las conversaciones permitieran concluir, por sí solas, que existía una oferta de soborno.

La Fiscalía también habría expuesto que el 21 de julio se realizaron contactos con otro integrante del Concejo para invitarlo a una reunión en la que se revisaría nuevamente el proyecto de crédito.

El propósito de esas aproximaciones, según la tesis del ente acusador, habría sido reunir el respaldo necesario para reactivar la iniciativa y conseguir su aprobación. Uno de los aspectos más sensibles del expediente se relaciona directamente con el alcalde José Luis Gómez Mancilla.

De acuerdo con la reconstrucción presentada durante las audiencias, el mandatario habría citado a los concejales Chaparro Vargas y Morales León los días 26 de julio y 5 de agosto de 2026, después de que se produjeran los contactos iniciales atribuidos a Pineda Vesga.

Según la hipótesis de la Fiscalía, durante esos encuentros el alcalde habría explicado aspectos relacionados con la operación de crédito y escrito en un papel la cifra del 2 %. Para los investigadores, ese porcentaje representaría una comisión económica que recibirían los concejales si respaldaban el empréstito.

Si se aplicara el 2 % a un crédito de $2.726 millones, el resultado sería de $54,52 millones. Si se toma como referencia la cifra de $2.225 millones mencionada en otros reportes, equivaldría a $44,5 millones.

La Fiscalía considera que los encuentros y los contactos entre los involucrados deben examinarse de manera conjunta para establecer si existió un acuerdo dirigido a influir indebidamente en la votación del Concejo.

La defensa del alcalde controvirtió esa interpretación. Según lo divulgado por Caracol Radio, su abogado sostuvo que el mandatario no estaba presente en la conversación del 5 de julio entre los dos concejales y cuestionó que la Fiscalía pudiera identificar en la grabación una oferta explícita de dinero.

El abogado también manifestó reparos sobre la interpretación de las expresiones relacionadas con la supuesta entrega de recursos. La defensa insiste en que las inferencias de los investigadores no pueden reemplazar la demostración de los hechos.

Grabaciones, llamadas y conversaciones de WhatsApp

 Entre los elementos mencionados durante el proceso figuran grabaciones de audio, registros de llamadas telefónicas, capturas de conversaciones de WhatsApp y reportes de visitas que el concejal investigado habría realizado al establecimiento comercial de uno de los denunciantes. Estos materiales fueron aportados por los concejales que denunciaron los presuntos ofrecimientos y forman parte de los elementos considerados durante las audiencias.

La Fiscalía habría presentado una grabación relacionada con una conversación entre el alcalde y uno de los concejales. El ente acusador pretende que ese registro sea valorado junto con los demás elementos para sustentar la hipótesis de que se ofreció dinero a cambio de votos favorables.

No obstante, el alcance probatorio de los audios fue cuestionado por las defensas. Caracol Radio reportó que el abogado del alcalde objetó la interpretación de la grabación y sostuvo que no se identificaba de forma clara el momento en el que se habría planteado una oferta económica.