El gobierno de Abelardo de la Espriella: Desde la perspectiva DOFA

La llegada de ADLE a la Presidencia representa la consolidación de una derecha con una agenda centrada en seguridad, autoridad institucional, disciplina fiscal, libre empresa y valores conservadores.

Por: Circulo de Amigos de Bucaramanga y Santander

Su principal desafío es transformar la política de confrontación en un modelo de gobernabilidad capaz de administrar un país polarizado.

Desde una perspectiva DOFA, una de sus principales fortalezas es el posicionamiento de una propuesta política fácilmente identificable. Seguridad, autoridad, reducción del gasto, fortalecimiento empresarial y defensa de valores tradicionales. En términos de estrategia política, esa claridad fue una ventaja competitiva frente a otras propuestas percibidas como indecisas o burocráticas.

Otra fortaleza es la posibilidad de construir una agenda de eficiencia estatal, basada en racionalización del gasto, transformación digital, reducción de trámites, evaluación del desempeño institucional y focalización de recursos públicos. Si estas reformas se ejecutan con criterios técnicos, mejoraría la productividad del Estado.

Las oportunidades son amplias. Colombia enfrenta problemas estructurales de seguridad, informalidad, bajo crecimiento de la productividad, déficit fiscal, infraestructura insuficiente y pérdida de confianza institucional. El gobierno debe aprovechar este escenario para impulsar una política económica orientada a la inversión privada, la seguridad jurídica, la competitividad y la generación de empleo.

También esta la oportunidad para redefinir la relación entre Estado y sector privado mediante alianzas público-privadas, inversión en infraestructura, desarrollo regional y fortalecimiento de sectores estratégicos. La seguridad, puede ser una política integral si se articula con justicia, inteligencia, educación, salud y desarrollo territorial.

Sin embargo, las debilidades como una política personalista producen dependencia de la figura presidencial y dificulta la construcción de coaliciones legislativas.

El sistema presidencial requiere negociación, acuerdos y capacidad de interlocución con Congreso, gobernadores, alcaldes, empresarios, sindicatos, universidades y organizaciones sociales.

La reducción acelerada del Estado también tendría un costo político. Reformar burocracias, entidades y programas públicos genera ganadores y perdedores, resistencia institucional y conflictos sociales. Por ello, cualquier estrategia de downsizing estatal necesitaría acompañarse de gestión del cambio, indicadores de desempeño, transición laboral y análisis de impacto.

Las principales amenazas están en la polarización, la radicalización del discurso y la concentración del poder. Una estrategia política basada en la confrontación genera un escenario de gobernabilidad de suma cero, donde cada adversario es tratado como enemigo. Esto dificultaría los consensos necesarios para aprobar reformas estructurales.

Existe además una dimensión preocupante: la relación entre conservadurismo político, cristianismo político y Estado laico. El debate sobre el denominado dominionismo cristiano adquiere relevancia cuando determinadas convicciones religiosas pretenden convertirse en fundamento de las políticas públicas.

Una democracia liberal permite la participación política de ciudadanos y movimientos religiosos, pero establece límites constitucionales para evitar que una doctrina particular se convierta en norma obligatoria para toda la sociedad.

En materia de seguridad, el riesgo es confundir autoridad con coerción.

La recuperación territorial frente a grupos armados requiere fuerza legítima del Estado, pero también inteligencia, justicia, legitimidad social y presencia institucional. Una política exclusivamente militar generaría resultados inmediatos sin resolver las causas estructurales de la violencia.

El verdadero indicador de éxito será, por tanto, la capacidad de convertir el capital político en gobernabilidad, institucionalidad y resultados.

ADLE tendrá que demostrar que una derecha fuerte puede defender seguridad, propiedad privada, empresa, familia y disciplina fiscal sin deteriorar el pluralismo, las libertades civiles y la separación de poderes.

El gran examen político será establecer dónde termina la autoridad y dónde comienza el autoritarismo. Si logra mantener esa frontera, podría consolidar una derecha democrática con capacidad de transformación. Si la cruza, el proyecto podría terminar debilitando precisamente las instituciones que prometió recuperar.

*Diego Sáenz Reyes