Resumen
Las historias que se conocen sobre la trayectoria de Gustavo Petro Urrego en las guerrillas del Movimiento Diecinueve de Abril (M-19) deberían avergonzar a la nación y especialmente a la gente honorable que va conociendo el caletre del gobernante.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La prensa del Perú se ha pronunciado contra la intromisión del gobierno de Colombia en los asuntos internos de esa gran nación, donde fueron capaces de expulsar de la presidencia de la república al extremista Pedro Castillo Terrones, un profesor de escuela rural que quiso destruir la democracia de ese gran país, ordenando el cierre del Congreso de la República.
El expresidente fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía del Perú, luego de perpetrar un autogolpe y poco antes de su destitución por el Congreso. El Ministerio Público confirmó que fue intervenido en la prefectura de la Policía de Lima, en compañía del exprimer ministro Aníbal Torres, por el delito de rebelión, el cual está regulado en el artículo 346 del Código Penal de esa nación.
En Colombia han pasado acontecimientos muy graves como la financiación estatal de una marcha de las supuestas comunidades indígenas que vinieron a Bogotá a destruir las instalaciones de la ‘Revista Semana’, un medio de comunicación que ha descubierto actos criminales para la financiación y compra de las elecciones presidenciales, con los aportes económicos del narcotráfico y de otros grupos criminales, a los que el presidente Petro les ha ofrecido amnistía e indulto, dentro de la novela de la ‘Paz total’.
Durante estos trece (13) meses el gobierno de Gustavo Petro, el mandatario ha violado la Constitución Nacional y las leyes colombianas, entregándole gran parte del territorio de la nación a los grupos armados ilegales, que son responsables de la expansión de los cultivos ilícitos, del asesinato de líderes sociales y de centenares de ataques armados contra poblaciones desarmadas, que no han tenido derecho a defenderse, porque en Colombia los únicos que pueden portar armas de uso privativo de las fuerzas militares son los extremistas, mientras a la gente de bien se le prohíbe el porte de armas de defensa personal.
Se conocen las inmensas fortunas de procedencia criminal que ingresaron a la campaña presidencial de Gustavo Petro, como lo han revelado miembros de su familia, que han confesado ante la Fiscalía como contribuyeron los narcotraficantes de la Costa Atlántica y de los Llanos Orientales a la toma del poder. Se ha debelado el secreto de las mafias de contratistas costeños, que también aprovecharon la coyuntura para comprar altos cargos de la nación, donde se mueven los presupuestos de las obras públicas.
Mientras en la república del Perú fueron capaces de encarcelar al presidente Pedro Castillo Terrones, en Colombia padecemos las consecuencias de la toma del poder de movimientos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y La Nueva Marquetalia, que son tratados con benignidad y simpatía por este gobierno, como si se tratara de angelitos dispuestos a entregarse porque les prometieron que financiaran la campaña electoral y les iban a conceder la amnistía y el indulto, dependiendo de los aportes que entregaron para la elección presidencial.
Las historias que se conocen sobre la trayectoria de Gustavo Petro Urrego en las guerrillas del Movimiento Diecinueve de Abril (M-19) deberían avergonzar a la nación y especialmente a la gente honorable que va conociendo el caletre del gobernante, empeñado en convertir a Colombia en una dictadura criminal, capaz de destruir las instituciones y acabar con la democracia.
