En lo que va de 2025, la violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Colombia ha sido alarmante. El Grupo de Trabajo Nacional para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual e Identidad de Género de las Víctimas, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, ha documentado 42 asesinatos de personas LGBTIQ+ en lo corrido del año. A esta penosa cifra se suman 14 muertes más en las que han sido víctimas personas trans.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

Distintas autoridades hicieron un llamado para que cuanto antes se esclarezca y se produzca la pronta judicialización y condena de los responsables de los asesinatos de 46 personas LGBTIQ+ que han perdido la vida en diferentes circunstancias en lo que va corrido de este año.

Además, se han registrado 14 homicidios/feminicidios de personas trans, así como otras 40 personas LGBTIQ+ fueron desplazadas por su condición en el Catatumbo (Norte de Santander).

El Ministerio Público ha identificado en las diferentes mesas de trabajos que los departamentos donde más se vulneran estos derechos son Antioquia, con 20 casos; Bolívar, con 5, y Valle del cauca, con 4.

Las alertas tempranas también fueron emitidas por las amenazas colectivas en los departamentos de Bolívar, Cesar, Guajira, Quindío y la región del Catatumbo.

En el marco de la conmemoración internacional del Día del Orgullo LGBTIQ+, la JEP reconoce que su participación, sus testimonios y experiencias de vida son indispensables para avanzar en la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de los crímenes y violencias en su contra.

Cada voz y liderazgo LGBTIQ+ silenciados representan no solo la pérdida de una vida, sino también la ruptura de procesos comunitarios y de reconstrucción del tejido social, en un país que necesita ser más incluyente.

Tal es el caso Nawar Jiménez, mujer trans e integrante del proceso colectivo LGBTIQ+ de El Carmen de Bolívar. Su asesinato se suma a una preocupante serie de crímenes, así como amenazas, hostigamientos y señalamientos contra personas LGBTIQ+ en distintas regiones del país.

Atropellos sistemáticos

EN el marco de la conmemoración internacional del Día del Orgullo LGBTIQ+, la JEP reafirmó su compromiso con en el esclarecimiento de los motivos y de las lógicas de las organizaciones armadas que aún ejercen discriminaciones estructurales, entre ellas, contra personas trans. En las diferentes investigaciones que lleva la Sala de Reconocimiento de Verdad, víctimas trans han denunciado discriminación sistemática, persecución y graves violaciones a sus derechos humanos.

En el Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate, por ejemplo, la JEP documentó en Casanare cómo algunos miembros de unidades militares de la Brigada XVI implementaron medidas para la supresión de personas estigmatizadas y en condición de vulnerabilidad por su pertenencia a algunos sectores sociales de la población civil, entre ellos la población LGBTIQ+.

La Comisión de Género de la JEP ha señalado que estas violencias han operado también como “un medio que busca eliminar del territorio todo lo que es percibido como diferente (…) que se sale de los códigos heteronormalizados impuestos por una sociedad”, advierte en un concepto emitido en 2021.

Sobre las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD) se continúan ejerciendo distintas formas de violencias basadas en género, expresadas en abuso sexual, torturas y crímenes por prejuicio, entre otras. A su vez, las violencias ejercidas sobre estas personas han pretendido cumplir un propósito: “enviar un mensaje a la comunidad consistente en que quien pensara y actuara de forma análoga, correría la misma suerte”, dicta el citado concepto de la comisión.

Aunque la JEP investiga estos hechos contra las personas LGBTIQ+ como víctimas del conflicto armado en sus distintos casos, en septiembre de 2023 abrió el Caso 11, que investiga la violencia sexual, reproductiva, por prejuicio y otras violencias basadas en género, en el marco del conflicto armado. La magistratura hace un llamado a las víctimas LGBTIQ+ de todo el país a acreditarse y participar en los procesos judiciales y restaurativos de este macrocaso.

La Jurisdicción continúa avanzando en el reconocimiento y análisis de los impactos diferenciados sufridos por víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. La verdad y el reconocimiento de estos crímenes durante el conflicto hacen parte del camino que debemos transitar,

Piden garantías

En este sentido, el ministerio público instó a la comunidad en general y la institucionalidad a que se brinden garantías efectivas a los derechos de la población LGBTIQ+, y seguirá procurando por combatir la discriminación y estigmatización de esta población, que cada día lucha por el goce efectivo de sus derechos.

La Procuraduría General de la Nación pidió adaptar las medidas necesarias y redoblar los esfuerzos interinstitucionales que permitan garantizar los derechos de los hombres transgénero que se encuentran privados de la libertad en los diferentes centros carcelarios del país.

La solicitud fue realizada por el delegado para los derechos humanos en la mesa interinstitucional convocada por la Defensoría del Pueblo en la que se trataron entre otros temas la actualización y revisión de la caracterización de la población LGBTIQ+ y la sensibilización interinstitucional y la necesidad de evaluar las estrategias establecidas para su atención y de esa forma garantizar sus derechos y dignidad.

Aparte también se acordó la realización de una brigada jurídica en la cárcel de Manizales y la capacitación para personas privadas de la libertad y funcionarios del INPEC en temas relacionados con enfoque diferencial y de género.