El precio de nacer

 Al nacer existen dos formas de adquirir la ciudadanía, la primera es el ius soli o derecho de suelo, que se adquiere por el simple hecho de nacer en un territorio. La segunda es el ius sanguinis o derecho de sangre, que se adquiere por descender de nacionales de un Estado.

Por: Maura Samara Suárez

A nosotros nos parece extraño porque la mayoría de los países de América aplican el derecho de suelo, por nacer en el territorio se adquiere la nacionalidad. Pero en la mayoría de Europa, África y Asia la realidad es distinta: no necesariamente naces en un país y adquieres su ciudadanía. Si un hijo de padres colombianos nace en territorio japonés, solamente es colombiano; no puede adquirir la nacionalidad japonesa.

 Los países americanos se construyeron demográficamente con inmigrantes, un proceso que comenzó con la colonización europea siguió con la llegada de esclavos y terminó con las distintas olas de inmigración hacia países como Venezuela, Argentina y Estados Unidos. Este derecho surge para integrar rápidamente a las poblaciones que llegaban, de forma regular e irregular, desde diferentes partes del mundo. Europa y Asia tuvieron procesos distintos: estos países se construyeron a partir de las diferencias étnicas y culturales que tenían frente a otros, y no buscaban integrar inmigrantes sino preservar la cohesión étnica y cultural del territorio. Debido a las migraciones provenientes de África y Suramérica, los países europeos han empezado a integrarlos a la sociedad, permitiendo que, si uno de los padres nació en el país sin ser nacional, el hijo pueda acceder a la ciudadanía al cumplir cierta edad.

 En Estados Unidos el tema es más interesante. El caso Dred Scott v. Sandford, en 1857, falló que las personas esclavizadas y afrodescendientes no podían ser ciudadanas porque no cumplían con el ius sanguinis. Después de esta decisión llegó la guerra civil, y en 1868 se crearon las enmiendas 13, 14 y 15 para garantizar que los antiguos esclavos fueran ciudadanos: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del Estado en el que residen.” En 1898 un hijo de inmigrantes chinos, nacido en San Francisco, viajó a China y, al volver, le impidieron la entrada. En el caso United States v. Wong Kim Ark, la Corte Suprema falló a su favor y estableció que el estatus migratorio o la nacionalidad de los padres es irrelevante, basta con nacer en territorio sujeto a la jurisdicción estadounidense.

 El primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba que los niños nacidos de personas que están ilegalmente o de forma temporal en Estados Unidos no son ciudadanos. Esto llevó al caso Barbara v. Trump, presentado por la ACLU, el NAACP Legal Defense Fund y otras organizaciones. La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por nacimiento y anuló el decreto que impulsaba la medida. La defensa de Trump alegaba que la persona debía estar domiciliada legalmente en Estados Unidos para tener ciudadanía. Una de las banderas del gobierno Trump es frenar el turismo de parto, en el cual extranjeros viajan para tener a sus hijos en Estados Unidos y acceder directamente a la ciudadanía; ya se ha condenado a personas por incentivar esta práctica desde países como China y Turquía. Este mandato no puede acabarse ni siquiera por ley ordinaria, porque es constitucional y requiere mayorías muy altas en el Congreso para su aprobación.

 Creo que este caso es difícil porque, claramente, protege que los niños nacidos en suelo estadounidense y con padres inmigrantes puedan acceder a la ciudadanía y que sus derechos sean respetados. Pero la realidad es que el turismo de parto existe: es una práctica reservada para los más ricos, que compran un privilegio al que los demás ni siquiera pueden aspirar.