Ley contra la ablación

Por: Maura Samara Suárez

La ablación femenina, también llamada mutilación genital femenina, es un procedimiento que no es médico, consiste en cortar o extirpar, total o parcialmente, el clítoris y los genitales externos de niñas y mujeres, casi siempre sin anestesia y a manos de parteras tradicionales. La Organización Mundial de la Salud la clasifica como una violación a los derechos humanos. En Colombia se practica principalmente en comunidades indígenas, sobre todo en la Emberá Chamí, donde le llaman "la curación" y aseguran que "purifica" a las niñas, que las hace mejores esposas y evita que sean "promiscuas". Después del corte llegan la hemorragia, las infecciones, la dificultad para orinar y, con los años, partos desgarradores y una sexualidad que nunca termina de ser propia. El daño físico es solo la mitad, muchas víctimas crecen sin entender por qué fueron lastimadas, y terminan repitiendo el ritual con sus propias hijas porque temen consecuencias "espirituales" si no lo hacen.

Colombia es el único país de América Latina donde esta práctica sigue documentada. En 2023, al menos 90 niñas fueron mutiladas según cifras oficiales; esas son solo las que llegaron a un hospital. Entre 2020 y 2025 se registraron 204 casos, el 56 % en niñas de cero a cinco años. Hasta hace una semana, ninguna ley colombiana nombraba el problema.

Eso cambió el 10 de junio, cuando el Congreso aprobó en cuarto debate la Ley Niñas sin Ablación, impulsada por las congresistas Jennifer Pedraza, Carolina Giraldo y Alexandra Vásquez, junto a lideresas indígenas que viajaron horas para insistir en su aprobación. "Nosotras, como mujeres, debemos defender a nuestras niñas", dijo Claudia Queragama, de la comunidad emberá del Alto Andágueda, tras siete horas de camino hasta Bogotá. Es un hito real porque convierte a Colombia en el primer país de la región con legislación específica sobre el tema, y crea una política pública de prevención, rutas de atención en salud y un sistema de registro hoy tan precario que ni siquiera coinciden las cifras entre entidades del Estado.

Pero la norma, ahora a la espera de la sanción presidencial, fue diseñada deliberadamente sin cárcel. "No podemos llegar con un castigo" a las parteras, explicó Pedraza, porque son ellas quienes garantizan la supervivencia de comunidades a las que el Estado nunca llevó un sistema de salud. Es un argumento comprensible, pero insuficiente porque no hay condenas para quienes practican la ablación, ni para quienes la permiten.

En 2007 murió una bebé Emberá Chamí tras ser mutilada y el tema llegó a los medios. Diecinueve años después, lo único que cambió fue el papel. La propia Juliana Domicó, consejera de la Gran Nación Emberá, lo advirtió el día de la aprobación: "Esperamos que esta ley no se quede en letra muerta." La realidad es que una ley sin consecuencias penales depende enteramente de la voluntad de implementarla, y Colombia tiene un historial pobre en eso.

Me alegra que el Congreso haya aprobado por unanimidad esta ley, que lleve el nombre de las niñas y no el de un comité, que mujeres como Claudia Queragama y Juliana Domicó hayan cruzado el país para defenderla, es una victoria para las niñas indígenas después de casi dos décadas de silencio. Ojalá la firma del presidente llegue pronto, y con ella las rutas de salud y los recursos que las comunidades llevan años pidiendo. Hoy, mientras tanto, el país tiene otra cita con su futuro: si todavía no ha votado, vaya a votar.