Elecciones y justicia

Por: Alfonso Gómez Méndez

Aun cuando en teoría es fácil, en la práctica no ha sido tan sencillo delimitar claramente las fronteras entre justicia y política.

Es casi un lugar común repetir la frase: “politización de la justicia o judicialización de la política”. Nuestro esquema constitucional, particularmente desde el 91, dejó algunas rendijas por donde puede colarse esa inconveniente mixtura.

Por antecedentes que durante la llamada época de la violencia permitieron la utilización de acciones judiciales con fines políticos, el plebiscito de 1957, que diseñó las instituciones del Frente Nacional, restableció la independencia total del poder judicial frente a la política. Antes, los magistrados de las “altas Cortes” que no eran sino dos: la Suprema y el Consejo de Estado, eran designados por el Congreso de ternas que presentaba el presidente.

En el 57 y para evitar que los aspirantes a magistrados tuvieran que hacer lobby ante el parlamento para ser elegidos, se estableció el sistema de la cooptación. Es decir, que las propias Cortes iban eligiendo los reemplazos sin participación alguna del gobierno ni del Congreso. Además, se instauró la carrera judicial para garantizar la independencia. Al procurador y al contralor los elegía la Cámara de Representantes, al primero de terna enviada por el presidente y al segundo, de manera libre.

Ahora hay muchos más entronques entre Gobierno, Cortes y Congreso. Para la Corte y el Consejo de Estado sigue la cooptación, pero con un extraño filtro en el Consejo de la Judicatura. Hoy el presidente terna ante el Senado a la tercera parte de la Corte Constitucional.

Al haber cambiado la inmunidad parlamentaria por el fuero, ahora los congresistas, vía Comisión de Acusaciones por donde comienza el trámite, pueden investigar y destituir a los magistrados que a su vez los pueden enviar a la cárcel -Corte Suprema- o decretarles la muerte política -Consejo de Estado- a través de la pérdida de investidura. Este entronque político, ha impedido que unos y otros tengan un tribunal independiente que los investigue.

La Constitución, desde 1886, contempla la extraña figura de “funciones judiciales del Congreso”. Además, el Consejo Electoral que, entre otras cosas, concede o niega personerías partidistas e inscripciones; otorga o anula credenciales; vigila la financiación de los partidos; sanciona campañas y funcionarios -como el intocable Ricardo Roa- y, confiere las credenciales, tiene un claro origen político que se presta para que, a veces, se deslegitimen sus decisiones.

En medio de la agitada campaña electoral, por donde menos se pensaba, apareció la intromisión indebida de los jueces en la política: la tutela. Esta figura, creación de la Constitución del 91, fue concebida para que cualquier ciudadano ante la violación inminente de un derecho fundamental, acudiera a ella frente a la inexistencia de otro recurso para que, o se impidiera la violación o se le pusiera fin de inmediato. Jamás como sustituto de todo un sistema judicial, camino al que le abrió paso la Corte Constitucional al permitir su uso contra sentencias judiciales.