Entidades del Estado y territoriales le fallaron a niños wayúu fallecidos por desnutrición

La Contraloría General de la Nación realizó un estudio en el que quedaron en evidencia varias irregularidades que han impedido cumplir las órdenes del fallo de la Corte Constitucional sobre los derechos fundamentales de niñas y niños wayuú.

De acuerdo con el ente de control, en la investigación se pudo comprobar que debido a la falta de articulación entre las entidades, tanto del orden Nacional, como del orden Territorial y las Comunidades Indígenas, de los 265 niños fallecidos reportados por el Ministerio de Salud entre 2019 y 2022, 95 de esos infantes pertenecían a los programas del Icbf.

Es importante aclarar que pese a hacer parte de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), no se logró detectar a tiempo su estado de desnutrición.

Cabe mencionar que el seguimiento hecho por la Contraloría permitió determinar un incumplimiento de la meta de casos de muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años de la población Wayuu.

La tasa de mortalidad en los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure por desnutrición promedio es 61,88 por 100.000 niños menores de 5 años entre 2018 – 2022; la cual es mayor respecto a lo registrado en el promedio nacional y departamental.

Se observó el incremento de casos (acumulado) por desnutrición (corte a 31 de diciembre de 2022) en la población indígena Wayuu menor de 5 años, reportados en los municipios de Uribia (161), Maicao (76), Riohacha (42) y Manaure (151).

Por otro lado, la sentencia establece acciones relacionadas con las “actividades de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, en el contexto particular y específico de La Guajira”, conforme a las competencias de esta entidad, y se desconoce su ejecución y resultados sobre los responsables del cumplimiento de las órdenes de la Corte o los actores relacionados, como la Secretaría de Salud de La Guajira, las Empresas Sociales del Estado de los municipios del mandato judicial o las Entidades Promotoras de Salud con habilitación en esta zona.

Entre tanto, vale decir que este hallazgo surgió de las conclusiones entregadas por el vicecontralor en funciones de contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien se refirió al cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional sobre derechos fundamentales de niñas y niños wayuu.