Es hora de REFORMAR la Constitución Política de 1991

Al terminar los escrutinios de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia tenemos que reconocer el excelente trabajo de la Registraduría del Estado Civil, que mantiene el mayor respeto y prestigio por las instituciones legales y constitucionales, las mismas que pudieron renovarse mediante el relevo generacional de senadores y representantes a la Cámara, que se están despidiendo del Capitolio Nacional. Valdría la pena aplicar en Colombia los PERÍODOS SABÁTICOS, para evitar la proliferación de los clanes familiares aferrados al poder por más de dos períodos consecutivos, que se han convertido en el monopolio de las curules de los concejos municipales, de las asambleas departamental y del Congreso de la República.

El periodo sabático estuvo contemplado en la Constitución Política de 1991, pero fue abolido por congresistas de la Costa Atlántica que se aferraron al poder como patrimonio de familia. Debería suprimirse el monopolio de los cargos de representación popular, para darle oxígeno a las nuevas generaciones. Los grandes departamentos, como Antioquia, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena se quedan con la mayor representación en el Senado de la república, cuando en realidad debería existir un par de congresistas en cada uno de los treinta y dos (32) departamentos del país.

La mitad del senado de la república debería contar con representación de las organizaciones gremiales. Fenalco, Sociedad de Ingenieros, Sociedad de Arquitectos, Cámaras de Comercio, asociaciones de municipios y departamentos, deberían contar con sus respectivas cuotas electorales. Debería permitirse en la constitución nacional que los militares y policías, en uso de buen retiro, deberían contar con representación en las cámaras legislativas, como se ha intentado en el departamento de Santander, que cuenta ahora y por primera, vez con un coronel de la reserva activa elegido por el Partido Conservador.

Los partidos políticos deberían acreditar por lo menos el veinte por ciento (20%) de la representación en el Senado y las Cámara de Representantes. Una manera de reducir al mínimo posible los costos de las elecciones parlamentarias, de diputados, concejales y alcaldes. Suprimir las juntas administradoras locales, que interfieren la labor de los alcaldes de las ciudades capitales, constituye una imperiosa necesidad.   Esos grupos de presión que se convierten en mandaderos de los contratistas, perturban las actividades administrativas.

Colombia creó el sistema electoral mas costoso del mundo, con unas asignaciones económicas y gigantescas para los ‘padres de la patria’, que devengan alrededor de cincuenta y dos millones de pesos mensuales. El país no puede sostener treinta y cinco (35) partidos políticos, convertidos en grupos de presión, impidiendo que los gobernadores y alcaldes puedan trabajar en sus respectivas jurisdicciones. Los partidos históricos deberían mantenerse como fuerzas homogéneas para evitar la proliferación de aspiraciones que se convierten en organizaciones de la picaresca contratista, como ha ocurrido en Colombia durante el gobierno del saliente presidente Gustavo Petro Urrego, donde recibieron donaciones del narcotráfico y de la narcoguerrilla para sostener unas organizaciones criminales, que han destrozado la geografía y la historia del país.