Compromisos ineludibles

Por: José G. Hernández

Sea cualquiera la orientación política del nuevo gobierno, estará obligado a respetar y garantizar los postulados esenciales de la Constitución de 1991. Ante todo, la soberanía, que reside en el pueblo y que nos hace independientes y libres frente a cualquier otro Estado. Entre sus fundamentos se encuentran el principio de autodeterminación de los pueblos y la no intervención de gobiernos extranjeros en asuntos internos de una organización republicana.

Quien se elegido este domingo para ejercer la presidencia de la República durante los próximos cuatro años no será el vocero ni el representante de sus partidarios o de quienes sufragaron por él y menos aún el vocero de otro Estado, por poderoso que sea, sino el representante de todo el pueblo colombiano y de una democracia participativa y pluralista, llamado a realizar el bien común y un orden justo, dentro de un Estado Social de Derecho.

Desde luego, en ejercicio de la soberanía, Colombia ha celebrado convenios y tratados internacionales y ha participado activamente en la creación y el desarrollo de organizaciones como la de Naciones Unidas y la de Estados Americanos.

En la Sentencia C-187 de 1996 manifestó la Corte Constitucional: “La idea de soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica. La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución sólo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y adecuada a los tiempos que corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal. Sólo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacional mínima que mejore la convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente común e interdependiente de la humanidad”.

Como lo declara el artículo 188 de la Constitución, el presidente de la República “simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.

De suerte que una de las obligaciones básicas del gobernante consiste en preservar y hacer que se respeten los derechos fundamentales, las libertades y las garantías de todos los habitantes del territorio nacional, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones ni exclusiones. Ese será su solemne compromiso, al tenor del juramento que, según el artículo 192 de la Carta Política, deberá prestar el 7 de agosto ante el Congreso: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”.

No debe retroceder en el compromiso previsto por el artículo 93 de la Constitución, según el cual los tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos prevalecen en el orden interno. “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

El nuevo gobierno debe velar por la plena observancia de la Constitución y del Derecho Internacional Humanitario.