Resumen
Con la complicidad del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, el presidente Petro ordenó el retiro masivo de cuarenta y dos (42) oficiales, mayores generales y generales de la cúpula militar y del alto mando de la policía.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Desde el comienzo de la administración del presidente Gustavo Petro Urrego se conoció el talante del mandatario, que ordenó desde un principio el retiro de su mortal adversario, el ex procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, primer diplomático colombiano despojado de sus funciones en la Organización de Estados Americanos --OEA --, días después del siete de agosto de 2022. Ordóñez, en su condición de Procurador General de la Nación, lo había destituido de la alcaldía de Bogotá.
Luego vino el nombramiento de ministros del despacho, entre quienes se encontraban el excandidato presidencial Alejandro Gaviria, en el ministerio de Educación; Cecilia López Montaño, en el ministerio de Agricultura y Guillermo Reyes González (santandereano) en el Ministerio del Transporte, donde permaneció poco menos de seis meses, porque el partido conservador anunciaba que se declaraba independiente del gobierno, sin asumir responsabilidades en el trámite de la plataforma legislativa.
Entre tanto y con la complicidad del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, el presidente Petro ordenó el retiro masivo de cuarenta y dos (42) oficiales, mayores generales y generales de la cúpula militar y del alto mando de la policía, por el odio visceral que el presidente Petro le profesa a la fuerza pública.
Entre los oficiales de alta graduación, que fueron llamados a calificar servicios se encontraban los santandereanos Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División del Ejército con sede en el departamento de Antioquia, ahora gobernador electo del departamento de Santander y Gustavo Franco Gómez, comandante de la Policía de Medellín, recién elegido alcalde de Guadalupe (Santander), su tierra natal.
La bancada parlamentaria del partido Conservador, -- que sin rubor alguno se había declarado ‘Partido de gobierno’ por el craso error cometido por el senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo, para quien ser conservador o comunista, son la misma cosa --, el presidente Petro les quitó la cuota burocrática a los hermanos conservadores en el Ministerio del Transporte, porque según el primer mandatario, el respaldo político de los congresistas debía ser incondicional. De paso, le arrebataron al departamento de Santander y al partido conservador la secretaría general de la Cámara de Representantes, ejercida dignamente por el excongresista Jorge Humberto Mantilla Serrano.
Dando vueltas como José Fouché, el primer ministro de Napoleón, se sintió perdido y abandonado a su suerte el pequeño caudillo colombiano, Gustavo Petro y decidió sentarse a ‘tomarse un tinto’ con sus adversarios del Partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde perdió la batalla otra vez, en la que se proponía conseguir mediano respaldo a la reforma de la salud, que se convirtió en ‘Florero de Llorente’ después de nueve meses de prolongados debates en la Cámara de Representantes.
Tarde se dio cuenta el controvertido mandatario colombiano, que ya se cumplen diecisiete (17) meses de su período constitucional y lo único que ha hecho el presidente Gustavo Petro y su gavilla del denominado ‘Pacto Histórico’, es arruinar al país y provocar la salida masiva de los inversionistas hacia otros lugares del planeta.
Gustavo Petro es un tipo peligrosamente inteligente, capaz de destruir e incendiar esta nación, porque así lo pensaba desde cuando era guerrillero del Movimiento Diecinueve de Abril (M-19), donde fue carcelero del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, que estuvo secuestrado por ese grupo subversivo y que fue asesinado años más tarde por las guerrillas de la red urbana de las FARC en Bogotá. En manos de quien estamos los colombianos, con un presidente de la República que apela a todas las formas de lucha para permanecer en el poder, no importa que tenga que sacar a la calle a los terroristas de la ‘Primera Línea’que, en su campaña electoral, enfrentaban a la fuerza pública y asesinaban a miembros de la Policía Nacional, que muy pronto quiere remplazar por cien mil milicianos a su servicio. ¿Realismo mágico o peligroso desafío para este país democrático que puede estallar en llamas?
