Exdirector del Sena Santander sancionado por que le aparecieron unos 700 millones por arte de magia hoy es alcalde en Vélez. ¿Nos preocupamos?

En este expediente, la Procuraduría concluyó que las explicaciones presentadas por Orlando Ariza Ariza no lograron desvirtuar el hallazgo de un incremento patrimonial de 744.681.000 pesos, motivo por el cual impuso una de las sanciones disciplinarias más severas contempladas en la legislación colombiana: la destitución del cargo y la inhabilidad general por trece años.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo disciplinario de primera instancia con destitución e inhabilidad general por 13 años al exdirector regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Santander, Orlando Ariza Ariza, tras concluir que incrementó injustificadamente su patrimonio durante los años 2020 y 2021, período en el que ejercía como máximo directivo de la entidad en el departamento.

La decisión, que aún no se encuentra en firme por tratarse de un fallo de primera instancia, representa uno de los procesos disciplinarios más relevantes contra un exalto funcionario del SENA en la región durante los últimos años.

La investigación adelantada por la Procuraduría estableció que Ariza Ariza registró un incremento patrimonial de 744.681.000 pesos, recursos cuya procedencia no logró acreditar de manera suficiente durante el proceso disciplinario.

De acuerdo con el organismo de control, aunque la defensa presentó diversos documentos y testimonios encaminados a demostrar que el dinero provenía de actividades económicas privadas desarrolladas por el entonces funcionario, dichas pruebas no fueron suficientes para desvirtuar las inconsistencias detectadas durante el análisis financiero realizado por la autoridad disciplinaria.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander, despacho que concluyó que la conducta constituye una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, una de las calificaciones más severas previstas dentro del régimen disciplinario colombiano.

Según el fallo, los servidores públicos tienen la obligación constitucional y legal de demostrar el origen lícito de los bienes que conforman su patrimonio y explicar cualquier incremento significativo que no corresponda con los ingresos legalmente percibidos durante el ejercicio de sus funciones.

Para el Ministerio Público, este deber constituye uno de los pilares de la transparencia administrativa y un mecanismo fundamental para prevenir fenómenos de corrupción dentro del Estado.

¿Qué es el incremento patrimonial injustificado?

Aunque el incremento patrimonial injustificado suele asociarse en el ámbito penal con el delito de enriquecimiento ilícito, en materia disciplinaria la Procuraduría evalúa si un servidor público presenta un crecimiento económico que no guarda correspondencia con sus ingresos legalmente demostrados.

En estos casos, la carga de explicar el origen de los recursos recae sobre el funcionario investigado. Cuando las pruebas aportadas no permiten establecer con claridad la procedencia del dinero o de los bienes adquiridos, la autoridad disciplinaria puede concluir que existe un incremento patrimonial injustificado y aplicar las sanciones previstas por la ley. Precisamente eso fue lo que ocurrió en este proceso.

La Procuraduría señaló que, pese a las explicaciones suministradas por la defensa, persistieron inconsistencias patrimoniales que nunca fueron plenamente aclaradas.

Los hechos objeto de investigación corresponden a las vigencias fiscales 2020 y 2021, período durante el cual Orlando Ariza Ariza ejercía como director regional del SENA en Santander.

Durante esos años tuvo bajo su responsabilidad la administración de una de las regionales más importantes del país, encargada de coordinar programas de formación técnica, tecnológica, empleo, emprendimiento y relacionamiento con el sector productivo santandereano.

Documentos oficiales del SENA muestran que Ariza participó como director regional en procesos institucionales de rendición de cuentas correspondientes a ese período y figuró como ordenador del gasto en diversos actos administrativos relacionados con la ejecución presupuestal de la entidad.

Actualmente es alcalde de Vélez

Uno de los aspectos que mayor repercusión política genera la decisión disciplinaria es que Orlando Ariza actualmente ejerce como alcalde del municipio de Vélez, Santander.

La sanción anunciada por la Procuraduría se refiere exclusivamente a hechos ocurridos cuando dirigía el SENA y corresponde a un fallo de primera instancia, razón por la cual todavía puede ser objeto de los recursos previstos dentro del proceso disciplinario antes de quedar ejecutoriada.

Solo cuando exista una decisión definitiva podrán producirse plenamente los efectos jurídicos de la destitución y de la inhabilidad impuesta.

La Procuraduría enfatizó que los servidores públicos administran recursos del Estado y, por esa razón, están sometidos a mayores estándares de transparencia frente a la evolución de su patrimonio.

En el fallo recordó que la ciudadanía deposita su confianza en quienes ejercen funciones públicas y que la obligación de declarar y justificar bienes, ingresos y rentas constituye una garantía esencial para prevenir actos de corrupción.

Por ello concluyó que el incremento patrimonial no explicado vulneró los principios de transparencia, moralidad administrativa e integridad que deben regir el ejercicio de la función pública.

La decisión contra el exdirector del SENA Santander se suma a los múltiples procesos disciplinarios que en los últimos años ha adelantado la Procuraduría por presuntas irregularidades relacionadas con el patrimonio de servidores públicos.

Estos casos hacen parte de las estrategias de control que buscan verificar la correspondencia entre los ingresos legalmente obtenidos por los funcionarios y el crecimiento de su patrimonio durante el ejercicio de cargos públicos, mediante el análisis de declaraciones de bienes y rentas, información tributaria, movimientos financieros y demás soportes contables.

No obstante, al tratarse de una decisión de primera instancia, el proceso continúa abierto mientras se resuelven los recursos que eventualmente presente la defensa, por lo que la sanción aún no ha quedado en firme.