Exjefe militar de Honduras irá a juicio por señalamientos contra periodistas
Roosevelt Hernández fue procesado en Honduras por presunta incitación a la discriminación y limitación de derechos vinculados a la libertad de prensa.
Roosevelt Hernández fue procesado en Honduras por presunta incitación a la discriminación y limitación de derechos vinculados a la libertad de prensa.
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El general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y exsecretario de Defensa durante el gobierno de Xiomara Castro, fue procesado judicialmente por presuntos actos de incitación a la discriminación y limitación de derechos fundamentales relacionados con la libertad de prensa y expresión.
Una jueza dictó el 1 de septiembre auto de formal procesamiento contra Hernández y programó para el 14 de septiembre la audiencia preliminar. La defensa del exmilitar apeló la decisión el 4 de septiembre y solicitó el sobreseimiento definitivo, argumentando que durante el proceso fueron excluidos dos peritajes y varios documentos presentados por su representación legal.
El caso está relacionado con una serie de confrontaciones entre las Fuerzas Armadas y periodistas durante el periodo electoral hondureño. En noviembre de 2024, el Auditor Jurídico Militar había denunciado ante el Ministerio Público a 12 medios de comunicación por presunta calumnia y difamación.
La tensión aumentó durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, después de retrasos en la entrega de material electoral custodiado por las Fuerzas Armadas. Periodistas reclamaron explicaciones y solicitaron una investigación sobre lo ocurrido.
Posteriormente, la publicación oficial militar “FF.AA. Digital” difundió el 26 de mayo de 2025 acusaciones contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, bajo el título “sicarios de la verdad”. También se registraron publicaciones en redes sociales y señalamientos públicos contra otros comunicadores.
El proceso ha sido considerado inédito por organizaciones defensoras de la libertad de prensa debido al rango del acusado y a la naturaleza de las acusaciones. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido sobre reportes de estigmatización e intimidación contra periodistas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.
Organizaciones de derechos humanos consideran que el caso podría convertirse en un precedente jurídico frente a acciones que busquen intimidar o limitar el ejercicio periodístico en Honduras.
